Alerta Colombia: ¿Vendieron parte del Chocó?

Publicado en Nasaacin.org

Articulo vendieron parte del choco 

"La empresa "Colombia Hardwood" ha comenzado a tumbar árboles en Bahía Solano para exportar a China, las maderas más finas del Chocó: algarrobo, sande, cedro amargo, bálsamo, caimito, chanul y virola.

Esta empresa no es cualquiera. Es dueña de REM Forest Products, del billonario canadiense Frank Giustra, un corsario financiero que obtuvo una licencia de aprovechamiento forestal otorgada por Codechocó en 2006 (Resolución 2293) para explotar durante 15 años más de cinco millones de metros cúbicos de madera; unos US$1.500 millones. Esta compañía tienen a su vez vínculos financieros con Pacific Rubiales Energy, Medoro Resources, Alange Corp, Gran Colombia Gold. Es decir, se trata de un proyecto de envergadura: madera, oro y petróleo. La Prima-REM ha instalado en la playa de Huaca un campamento con una docena de empleados canadienses, otros tantos colombianos, 80 ciudadanos nativos de las comunidades negras e indígenas y dos helicópteros. La empresa se dispone a cortar su primer millón de metros cúbicos en 44.596 hectáreas, autorizado por la Ley 70 de 1993. Este territorio -inembargable, inalienable, se extiende entre Bahía Solano y Juradó, el Pacífico y la Serranía del Baudó, y ocupa una superficie de 67.327 hectáreas donde viven 18 comunidades, 1.329 familias y 5.846 personas. Es decir, el 70% de la superficie, será controlado por la empresa. La madera que se explotará en los próximos años costaría US$280 millones, de los cuales la compañía reconocerá al Consejo Comunitario el 10%.

Los directivos actuales hicieron el negocio, pese a que en 2005 se opuso la Ley Forestal -felizmente rechazada por la Corte Constitucional-, por considerar que con ella se "facilitarían transacciones y el aprovechamiento con ánimo de lucro de los bosques nativos plantados en las principales zonas del Pacífico y de la Amazonia". Codechocó dio el visto bueno y el Ministerio de Medio Ambiente aplaudió el logro. El Consejo Comunitario de Mecana, donde se ha construido el campamento de Prima Colombia Hardwood, considera amañada y tramposa la consulta y corrupta a cambio de miserables dádivas.

Para protestar contra la tala de una de las selvas más preciosas del planeta, se encadenó tres días a un árbol de Bahía Solano Juan Ceballos. Pero, a estas horas de grandes desfalcos y robos en las EPS, ¿a quién puede importarle la suerte de un ciudadano amarrado a un árbol sin haber sido secuestrado por la guerrilla?

Francisco Serna
Profesor Asociado
Museo Entomológico UNAB
(Universidad Nacional Agronomía Bogotá)
Grupo SIA (Sistemática Insectos Agronomía)
Facultad de Agronomía
Universidad Nacional de Colombia
Carrera 30, #45-03. Bogotá, Colombia."

Que la empresa CERREJON repare los daños ocasionados durante los 35 años de explotación.

Suena raro el titular pero para que sepamos los colombianos, es lo que estan solicitando las comunidades indígenas de nuestra bella Guajira ante la posible ampliación del proyecto minero y la desviación del río Ranchería.

Ante el fenómeno inminente de la locomora minera que se pretende jalone el desarrollo económico del país, salen sus defensores y opositores a querer imponer su punto de vista y con esta manifestación de los pobladores de la zona, de los que han convivido con la situacióm, que tiene el respaldo de 35 años de experiencia no podemos seguirnos haciendo los de la vista gorda y creer que "se minimizaran los impactos". No, cualquier actividad genera impactos y la mineria los genera por montones y sus consecuencias se ven en el corto, mediano y largo plazo en las dimensiones ambientales, sociales y económicas. 

Les recomiendo que lean el manifiesto del pasado 20 de noviembre que de por si es bastante claro y que nos debe hacer reflexionar que nuestro patrimonio no es un juego, que no es cuestion de un periodo de gobierno su manejo sino de toda la sociedad pensando siempre en nuestros recursos naturales como la base de nuestra propia existencia, como lo firman al final "POR LA VIDA, EL AGUA, EL TERRITORIO, Y EL BUEN VIVIR DE TODOS LOS GUAJIROS"

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Transcribo y copio el link tomado de la página Defensaterritorios.org

www.defensaterritorios.org

Pronunciamiento de pueblos y comunidades afectadas por los megaproyectos mineros en el departamento de La Guajira, Colombia.
Reunidos entre el 18 y 20 de noviembre de 2011 en el Resguardo Indígena Wayuu provincial, municipio Barrancas. Escrito por http://www.conflictosmineros.net/

Reunidos miembros y delegados por las comunidades: Resguardos indígenas Wayuu: TRUPIO GACHO, ZAHINO,PROVINCIAL, CERRODEO, CABEZA DE PERRO, Comunidad asentamiento LA GRANJITA, LA GRANJA, BARRANCON, NUEVO ESPINAL, LOS GUAJIREROS, MADRE BERNARDA,TAMAQUITO II, PALMARITO, CAMPO ALEGRE comunidades afro colombianas de ROCHE, CHANCLETA y TABACO y comunidades campesinas de SIERRA AZUL, LAS CASITAS, ZARAHITA, EL DESCANSO, EL PALMARITO, PATILLA, ASOROCHEROS, OREGANAL Y ORGANIZACIÓN FUERZA DE MUJERES WAYUU, y las organizaciones que agrupan cabildos, asentamientos, campesinos, mujeres y comunidades afectadas y desplazadas ACIWASUG, ALEWAJILAWA, ANUC, FUERZA DE MUJERES WAYUU y FECODEMIAGUA en el resguardo Provincial jurisdicción del municipio de Barrancas del Departamento de la Guajira, los días 18 al 20 de noviembre de 2011, abordamos la problemática que ha ocasionado la solicitud de expansión del proyecto minero del Cerrejón y los impactos que viene produciendo la actividad minera a cielo abierto de este mismo
proyecto por 35 años en la Guajira.

Fue especialmente notoria la activa participación durante las jornadas, de las autoridades tradicionales, de las mujeres, los jóvenes y las niñas.

Durante estos tres días, como pueblos y comunidades nos escuchamos y analizamos desde diferentes ámbitos y perspectivas los impactos sociales, ambientales, culturales y económicos que se vienen presentando por cuenta de la minería en nuestros territorios; igualmente recordamos lo que teníamos en ellos hasta antes de llegar ésta y examinamos los derechos y garantías que nos amparan y el grado de protección o vulneración por parte de las empresas y del Estado durante todos estos años.

ASÍ CONSTATAMOS QUE: Antes de que llegara la economía minera, había tranquilidad en nuestras comunidades, se vivía mejor, había animales para el ejercicio de la cacería, practicábamos la pesca y la agricultura, sin embargo con la llegada de la industria minera acompañada de la promesa de progreso y desarrollo, se iniciaron los despojos a las comunidades; en ningún momento se hicieron procesos de consultas ajustados a la constitución, los tratados internacionales ni nuestras leyes y normas de origen; es claro que las autoridades y empresarios violaron completamente todos los estándares de derecho de los pueblos indígenas Wayuu, afro descendientes y a la participación de las comunidades campesinas.

Este despojo lo han padecido comunidades como: El Espinal, Palmarito, Cabeza de Perro, Sojori, Tabaco, Chancleta, Roche, Patilla, Zarahita, Manantial, Caracolí, Oreganal, Las Casitas, Barrancón y el Descanso, sin que a la fecha hayan recuperado su territorio o lo tengan sin la titulación correspondiente y con graves afectaciones en su cultura y tejido social, lo cual limita el goce de sus derechos como personas y miembros de comunidades.
El Estado colombiano no ha protegido los derechos de las comunidades al territorio, a la
participación, a la cultura, a la salud, ni a la propiedad colectiva ni individual.

La extracción minera a gran escala en nuestros territorios y al lado de ellos, ha afectado las culturas del pueblo Wayuu, afrodescendientes y campesinos; sumada a esta situación, la Empresa el Cerrejón con auspicio del Estado Colombiano pretende desviar el cauce del rio Ranchería del cual dependen los Municipios de Barrancas, Hatonuevo, Albania y Riohacha y sus corregimientos, Resguardos Indígenas y consejos comunitarios así como todas las comunidades y pobladores que habitan en el cauce del río.

Se observa con preocupación cómo el proyecto minero del Cerrejón por 35 años continúa desalojando del territorio a las comunidades nativas, contaminando el agua, el aire y el suelo, a través del polvillo del carbón el cual genera infecciones respiratorias que han llevado a la muerte a un número considerable de pobladores y miembros de las comunidades, contaminación visual por la modificación del paisaje y auditiva por los ruidos que producen las maquinarias y la voladura de los explosivos.

En estos momentos las empresas interesadas están impulsando reuniones para la expansión del proyecto minero del cerrejón y la desviación del río Ranchería en busca de explotar el carbón, sin importar los graves impactos que este proyecto traerá para los guajiros y las guajiras, por el desabastecimiento de agua, contaminación de aire, el agua y el suelo; la pérdida de biodiversidad, la ruptura de la cultura y los tejidos sociales y del territorio en general. Hoy nos vemos frente al inminente riesgo de que la Guajira desaparezca en pocos años, si no le ponemos freno a la ambición desmedida de las empresas y la complicidad del Estado que nos quieren dejar SIN DONDE COLGAR EL CHINCHORRO.

Como si fuera poco el daño causado con la explotación minera de tantos años, hoy se pretende desviar el río Ranchería más de 26 kilómetros de su cauce natural, por ello se ha movilizado la población el 9 de agosto y 6 de septiembre de 2011, porque no queremos el desvío del río Ranchería ni que se siga expandiendo el proyecto minería, pues como lo hemos constatado en estos 35 años de explotación, si se concreta la expansión se deteriorarán aun más las condiciones de vida de la mayoría de los pobladores de la Guajira. Estos proyectos y su expansión se han hecho sin respeto a los derechos de participación de los ciudadanos y ciudadanas de la Guajira y de Colombia que contiene la Constitución Política de nuestro país.

Somos consientes de los derechos que hemos conquistado, los cuales deben ser respetados tanto por el Estado colombiano como por las empresas y los Estados de origen de éstas, en tal sentido nos oponemos a que de manera arbitraria se siga adelante con estos proyectos y se simule y engañe a las comunidades en reuniones que se pretenden hacer pasar como de consulta previa.

La consulta con consentimiento libre, previo e informado a que tenemos derecho, no se obtiene con la presión y los afanes de las empresas CERREJON, PACIFC RUBIALES y MPX que a través de sus funcionarios, contratando hermanos indígenas y de manera arbitraria han ingresado a comunidades indígenas y de afrodescendientes, dividiendo familias, desconociendo costumbres, tradiciones, autoridades comunitarias, formas de vida y la autonomía de los dueños del territorio; han realizado reuniones, levantado actas de concertación con algunas personas, desconociendo que el territorio es de todos los miembros de las comunidades, y es el 100% quien debe participar.

Por ello manifestamos, basados en el convenio 169 de la OIT, ratificado por la ley 21 de 1991, la Constitución Nacional y la jurisprudencia nacional e internacional, que las empresas no tienen por qué estar promoviendo consultas ni entrando en nuestros territorios sin nuestro consentimiento y permiso de nuestras asambleas comunitarias como mayor organismo de gobierno de nuestras comunidades.

Las empresas multinacionales han violando el derecho a la consulta que tienen los pueblos indígenas, con el apoyo y apadrinamiento del Ministerio del Interior y de Justicia, desconociendo éste su obligación y papel de garante para el que fue creado, ya que se ha parcializado a favor de los intereses de mega proyectos del Cerrejón para la fase de ampliación, la vía férrea para MPX, y la exploración de gas a favor de la empresa Pacific Rubiales; como también lo ha hecho durante todos estos años el Estado en relación con el megaproyecto carbonífero.

Decisiones:

1. Solicitamos al Estado colombiano:

a. Respetar y garantizar el derecho de los pueblos al goce efectivo de su territorio colectivo.

b. Invalidar las consultas realizadas con algunos delegados que desconocen la totalidad y forma de vida de las comunidades.



c. No otorgar licencias, previo a realizar consultas autónomas en las comunidades.

d. Respetar la decisión en cuanto a cómo realizar la consulta previa en las comunidades. Tomando en cuenta que los pueblos son autónomos, dueños de su territorio y por lo tanto que la consulta sea en base a sus costumbres, tradiciones y formas de vida.

e. Que el gobierno ordene el cese de las prácticas de acoso de MPX, en contra de las comunidades asentadas en las zonas de actividad minera, entre ellas CAÑAVELARES, CORRALEJA, CONEJO.

f. Tomar medidas urgentes para garantizar, promover y recuperar la alimentación de las comunidades a través de actividades productivas como la agricultura, la pesca, la caza y demás labores acordes con sus usos y costumbres; así como alternativas económicas viables para la Guajira que preserven el territorio, el agua, el medio ambiente, el trabajo y la vida digna de sus habitantes.

2. Exigimos a las Empresas CERREJON, MPX, PACIFIC RUBIALES y otras que pretendan instalarse:

a. Suspender sus actividades de extracción minera en nuestros territorios.

b. No realizar más reuniones en nuestras comunidades, haciéndolas pasar por consultas previas.

c. No utilizar el cuerpo de los pobladores para la publicidad de su empresa.

d. No engañar a la juventud de nuestras comunidades, haciéndose pasar como el mejor empleador de la época.

e. Informar sobre los efectos negativos que ocasionan sus empresas.

f. Que la empresa CERREJON repare los daños ocasionados durante los 35 años de explotación.

3. Manifestamos que no permitiremos la desviación del río Ranchería

4. Alertamos a quienes en verdad quieren a la Guajira, desean vivir y criar sus hijos en ella, que si permitimos que la minería siga expandiéndose, muy pronto nos vamos a quedar TODOS SIN AGUA Y SIN TERRITORIO.

5. Responsabilizamos al Estado colombiano, a la Empresa CERREJON y los países de origen de esta empresa, sobre los impactos y afectaciones al territorio y derechos humanos que sufra la población por defender y preservar el río Ranchería.

6. Informamos que no permitiremos que se realicen procesos de prospección de gas.

7. Advertimos que no aceptamos la construcción de una línea férrea ni megaproyectos que afecten nuestra vida y permanencia en el territorio que cohabitamos.

8. Exigimos el respeto a la decisión comunitaria en cuanto a la forma y el tiempo de realizar las consultas previas y autónomas en nuestro territorio.

9. Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, y comunidades afectadas por la minería a trabajar conjuntamente hacia la descertificación de las empresas megamineras en el mundo, por la contaminación y atentar contra la vida de la humanidad.

POR LA VIDA, EL AGUA, EL TERRITORIO, Y EL BUEN VIVIR DE TODOS LOS GUAJIROS

Firman: COMUNIDADES WAYUU, AFRODESCENDIENTES Y CAMPESINOS DE LA GUAJIRA.

Dado en Provincial – Barrancas – Guajira – Colombia, el 20 de noviembre de 2011.

Nos las dicen en la cara y aun asi no las entendemos

El tema del PNN Tayrona ha dado muchos aspectos para analizar: la política ambiental colombiana, la inversion extranjera, la participacion ciudadana en lo ambiental, entre otras. Pero tambie  nos ha dado una Colombianada Gold, leanla con calma a ver si la captan desde la primera leida:

“Desde el primer consejo de ministros, el presidente Juan Manuel Santos fue claro en afirmar que cualquier negocio o iniciativa relacionada con el Estado, en el cual hubieran tenido o tuvieran alguna participación parientes suyos, no se hace. Por eso, el posible proyecto de ecoturismo en el Parque Tayrona está muerto. Teniendo esto en cuenta, nosotros esperamos que los inversionistas se abstengan de presentar el proyecto”.

Por si no fue tan evidente, como en la gran mayoría de declaraciones que escuchamos por parte de los funcionarios estatales, leamosla de nuevo resaltando un aspecto:

“Desde el primer consejo de ministros, el presidente Juan Manuel Santos fue claro en afirmar que cualquier negocio o iniciativa relacionada con el Estado, en el cual hubieran tenido o tuvieran alguna participación parientes suyos, no se hace. Por eso, el posible proyecto de ecoturismo en el Parque Tayrona está muerto. Teniendo esto en cuenta, nosotros esperamos que los inversionistas se abstengan de presentar el proyecto”.

Es decir, no importa nuestra Constitución Política, nuestra Política Ambiental Colombiana, nuestras comunidades Indígenas presentes en la zona y mucho menos la participación ciudadana en torno a al protección y conservación de nuestro patrimonio natural, sino simplemente se para el proyecto porque en el hubieran tenido o tuvieran participación parientes del Preseidente.

Colombianos, esto es muy grave y lo peor, nos lo dicen de frente y ni nos damos cuenta. En proximos debates en torno a temas polémicos que involucren nuestro patrimonio podemos estar seguros que no habrá familiares involucrados... y entonces? ¿Ahi si se haran los proyectos como sea? ¿Pasaran por encima de leyes e iniciativas ciudadanas?

COLOMBIANADA GOLD!!!!!!!!

Nota elespectador.com

Puras tormentas en vasos de agua.......

Colombianadas ambientales se dan todos los días en nuestro país, pero me llamó muchísimo la atención una frase expresada por nuestro Presidente Santos esta semana acerca del polémico tema de la construcción de un complejo hotelero en el Parque Natural Nacional Tayrona.

La frase es ya famosa: "se ha armado una tormenta en un vaso de agua"…. y me hizo preguntarme como Colombiana, será verdad que los colombianos peleamos por cosas que no valen la pena?

Después de reflexionar algunos minutos me di cuenta que definitivamente los colombianos armamos verdaderas tormentas en vasos de agua según el Presidente:  

 

El tema de la minería en Santurban…..una tormenta en un vaso de agua

La concesión de medio país para la exploración petrolera….una tormenta en un vaso de agua

Las áreas de alta importancia ambiental en San Andrés que ya están en etapa de exploración y que las comunidades han manifestado su rechazo…. Una tormenta en un vaso de agua.

Que Colombia piensa rebajar impuestos a empresas mineras….. una tormenta en un vaso de agua

La sustracción de hectáreas de áreas de reserva para el desarrollo de proyectos mineros…..una tormenta en un vaso de agua

La tragedia invernal….de esa tormenta tienen la culpa las CAR 

El negocio de los títulos mineros…. Una tormenta en un vaso de agua

Que las multinacionales le deben dinero de regalías a los departamentos… una tormenta en un vaso de agua

El tema es de verdad preocupante, pues si a nuestro Presidente, el que elegimos los Colombianos le parece una tormenta en un vaso de agua el hecho que como ciudadanos nos manifestemos y cumplamos nuestro deber constitucional, consagrado en el artículo 8: “ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO Y DE LAS PERSONAS PROTEGER LAS RIQUEZAS CULTURALES Y NATURALES DE LA NACIÓN”, tal vez es porque se le haya olvidado que su papel es ese, proteger nuestros recursos y no entregárselos en bandeja de plata a otros.

Cito 3 párrafos del periodista Sergio Otálora “¿Cómo puede si quiera contemplar este, o cualquier otro gobierno, la posibilidad de abrirle las compuertas de  semejante joya ambiental y arqueológica  a los tiburones de la industria turística internacional? Eso es como si se pensara, como algo factible, en  la destrucción de las murallas de Cartagena para permitirle construir a Donald Trump dos modernos rascacielos, con el argumento sibilino de que atraerán más turismo, más recursos para el municipio y generarán más empleo.

¿Podrán las denuncias y columnas periodísticas, más las redes sociales, generar una presión tan fuerte que obligue al gobierno a engavetar una idea descabellada, ruinosa para el medio ambiente, pero, eso sí, rentable?

Este es el típico caso que pone a prueba, una vez más,  la efectividad del periodismo en un medio de limitadas garantías democráticas. Ya se anuncia  lo de siempre: debate en el Congreso con el ministro Frank Pearl. Con seguridad saldrán a la luz pública nuevos detalles del polémico plan, y hablarán los indígenas quienes (uno nunca sabe) de pronto dan luz verde al proyecto, bajo “estrictos compromisos,  personalmente pactados con el presidente Santos, de preservación del medio ambiente”.  ¿Y el Congreso? ¿Y la oposición? ¿Y la sociedad civil?

Espero estar muy equivocado, y que, esta vez, triunfen la tarea fiscalizadora del periodismo, el interés público, la presión social  y los mecanismos de control político.”

http://twitter.com/#!/TayronaLibre

Considero que el tema precisa de una autoevaluación de cuál es nuestro papel en la sociedad, de cuales son nuestros valores y principios y además, como vamos a participar en torno al polémico tema, porque cuando ya este construido, el “YO HUBIERA PARTICIPADO” ya no nos servirá. Hay una cantidad de movilizaciones ciudadanas en redes sociales que comparto para que estemos informados y podamos aportar a que este bello y único espacio natural sea preservado por y para los colombianos.

http://tayronalibre.blogspot.com/

https://www.facebook.com/groups/noahotel7estrellastayrona/

 
Actividades redes sociales

Declaraciones Presidente Santos

Nota Sergio Otálora

 

Por favor, revisen además los artículos 223 y 224 de nuestro Plan Nacional de Desarrollo Vigente  que modificó por derecha el tema de los Estudios de Impacto Ambiental y el Otorgamiento de las licencias ambientales…porque eso no será una tormenta en un vaso de agua sino un verdadero Huracán señor Presidente.

Se acaba Greystar pero cambia de nombre.

Según el diario El Espectador, "La canadiense Greystar, que tiene presencia en la zona de Santurbán (Santander), cambió su razón social por Eco Oro Minerals Corp. Así lo anunció la empresa al señalar que desde el pasado 16 de agosto ya cotiza en la Bolsa de Toronto con el nuevo nombre y ahora debe presentar un nuevo proyecto para Santurbán".

Importante recordar la historia para no repetirla!

Elespectador.com

Avanzada petrolera llega a la Isla de San Andrés

Uno no se explica como se otorgan licencias para explorar en áreas de alta importancia ambiental, por eso, a estos casos los podemos denominar una colombianada ambiental. Qué pensara acerca del tema nuestra futura Ministra de Ambiente, reconocida por su gran labor de proteccion y conservacion de ecosistemas marinos?

Este excelente artículo publicado en el periódico de la Universidad Nacional nos expone el tema de la exploracion petrolífera = la famosa locomotora minera en la Isla de San Andrés. 

Resalto este párrafo porque es la realidad que se pretende tapar siempre con un dedo: “cuando ejemplos fallidos demuestran que las regalías prometidas son más de la Nación, el Estado y las corporaciones multinacionales que de los habitantes de las zonas en donde se realizan las explotaciones, cuyo desenlace son problemáticas sociales, culturales, ambientales y de salud pública que seguramente el Estado y las empresas extranjeras no ayudarán a cubrir” Definitivamente....Colombianada ambiental!!!

Transcribo y copio el link 

Nota UN Periodico

"Avanzada petrolera llega a la Isla de San Andrés

Por: Giovanni Clavijo Figueroa, Unimedios

 

Tres compañías petroleras se alistan para explorar el ecosistema marino del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en busca de hidrocarburos. Una acción popular interpuesta por Coralina hizo suspender la firma de adjudicación del contrato mientras las autoridades ambientales se pronuncian sobre la viabilidad del proyecto. Las dudas respecto a los beneficios y perjuicios de la explotación están en debate.

 

En noviembre del 2010, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) le otorgó a la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) y a las compañías Repsol (de España) y YPF (de Argentina), licencia para explorar y explotar dos áreas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (occidente del mar Caribe), donde se cree puede haber gas: en el banco Quitasueño (cayo 1, con 944 mil hectáreas) y en Providencia (cayo 5, con alrededor de un millón de hectáreas).

Al conocer dichas pretensiones mineras, la Corporación Autónoma Regional de San Andrés y Providencia (Coralina), entidad encargada de velar por el cuidado de estos arrecifes, interpuso en febrero del 2011 una acción popular contra la ANH, amparada en: la protección de los derechos colectivos a un ambiente sano, el equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución.

A través de este medio procesal, que le puso freno a la firma de la adjudicación del contrato, Coralina también alegó el riesgo al que se expone la conservación de especies animales y vegetales, así como la protección de áreas de especial importancia ecológica.

“Aún no se entiende cómo la ANH otorgó a las compañías petroleras los derechos de los cayos sin tener en cuenta en dicha determinación comercial la opinión de la comunidad insular, indispuesta también por el impacto social y cultural que podría tener la explotación en la isla”, asegura la directora de Coralina, Elizabeth Taylor.

En ese sentido, Sally Taylor, politóloga y magíster en Estudios del Caribe, asegura que la construcción de un modelo sostenible con el uso de las bases naturales y humanas no puede sacrificarse bajo la promesa de un futuro económico promisorio, máxime –subraya– “cuando ejemplos fallidos demuestran que las regalías prometidas son más de la Nación, el Estado y las corporaciones multinacionales que de los habitantes de las zonas en donde se realizan las explotaciones, cuyo desenlace son problemáticas sociales, culturales, ambientales y de salud pública que seguramente el Estado y las empresas extranjeras no ayudarán a cubrir”.

Germán Humberto Hernández, jefe de la junta de estudios económicos del Banco de la República, en un informe del 2004, señala que el impacto esperado de las regalías no es tan favorable para las regiones en la medida en que la sensación de “bonanza” es un terreno fértil para la corrupción, la desviación de fondos y la captura de recursos financieros por parte de la clase política y los actores armados ilegales. Sally Taylor asegura que “gran parte de los conflictos sociales generados en algunos lugares de explotación van por cuenta de la disputa por el manejo de los dineros, es decir, esto recae en las empresas multinacionales, en las administraciones locales o en las comunidades”.

En concomitancia, la ANH anunció reuniones con representantes de las comunidades isleñas para explicar las actividades que se pretenden realizar y las medidas para salvaguardar el medioambiente en las zonas de exploración.
Sin embargo, el profesor de la UN Francisco Avella asegura que esta entidad no asistió al encuentro adelantado por la Asamblea Departamental del Archipiélago el pasado 11 de abril. Por lo tanto, no ha aclarado los detalles de la adjudicación (sísmica a utilizar, explosivos, etc.), y si va a haber perforaciones marinas, terrestres o sobre los cayos.

Impacto ambiental

La intensa exploración petrolera de los últimos años ha afectado importantes ecosistemas del planeta, asegura la bióloga marina Adriana Santos, para quien las plataformas de perforación del subsuelo marino ponen en grave peligro los arrecifes de coral, pastos, manglares y ecosistemas, únicos en el caso del archipiélago.

Sally Taylor advierte que los impactos ambientales no son reconocidos en su dimensión, pues se cree que la restricción a la explotación en zonas arrecifales –aprobada por ley– es suficiente para proteger el medio marino: “Basta con mirar el ejemplo del Mar del Norte (situado entre Noruega y Dinamarca), en el cual el uso de cañones comprimidos para las actividades sísmicas ha tenido grandes efectos en el comportamiento de los peces.

“Las consecuencias de esta explosión las observamos en los cayos y bancos de pesca tradicional de la Isla de San Andrés, en donde se han detectado migraciones de langosta y otros peces, relevantes en la base alimentaria del territorio insular”, afirma la politóloga.

Entretanto, la ANH ratificó que para otorgar los contratos de exploración y producción de hidrocarburos durante la Ronda Colombia 2010 (avanzada para exploración de bloques petroleros en el territorio nacional), tuvo en cuenta la experiencia de las compañías y su capacidad para garantizar con estándares de calidad la protección del medioambiente.

Aún así, para la directora de Coralina, “la decisión de adjudicar estas zonas fue precipitada, y no hubo una discusión con las autoridades locales, por lo menos para entender los alcances sobre el área marina protegida”.

Por su parte, Ecopetrol S.A., una de las empresas adjudicatarias, señaló que “acatará lo dispuesto por las autoridades ambientales y judiciales competentes, quienes deben definir el tema, toda vez que son ellas, y no las empresas, las que determinan si es viable o no la realización de un proyecto de exploración y eventual explotación de hidrocarburos en estas zonas”.

El peor escenario

Los impactos que se vislumbran son diversos, y parten de la etapa exploratoria, en la que se tienen que perforar varios pozos para determinar si son productivos o no. “En muchos casos, la probabilidad de hallar el hidrocarburo es baja, y aparece en una de diez excavaciones. De tal manera se interfieren los recursos naturales del fondo marino”, señala Elizabeth Taylor.

Potencialmente, advierte la directora de la entidad ambiental, se genera un peligro latente: “Ante un eventual derrame, las consecuencias serían nefastas, no solo por la destrucción de los arrecifes, sino por la contaminación de las playas blancas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los cayos de San Andrés y Providencia no tienen más de un metro sobre el nivel del mar y están soportados por las franjas arrecifales”.

La fuga de hidrocarburos puede acabar con cientos de años de biosfera, dice Ernesto Mancera, director de la Sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia: “Basta ver lo ocurrido en el Golfo de México en el 2010, cuando 4,4 billones de barriles de crudo fueron expulsados al mar durante 87 días, amenazando la existencia de aproximadamente 400 especies de flora y fauna. Este desastre superó el de Alaska en 1989, cuyo resultado fue la devastación total de la fauna de la región con 11 millones de galones derramados”, enfatiza el experto.

Brigitte Gavio, también investigadora de la sede, señala que “la contaminación por petróleo tiene diferentes niveles: causa sofocamiento de los pólipos, (animales coloniales que forman el arrecife coralino), reduce la posibilidad de vida de las larvas, la producción de gametos (células sexuales) y la fertilidad de las especies. Entretanto, el deterioro del arrecife puede ser a mediano o largo plazo”.

En el archipiélago podría afectarse la diversidad avícola, coral, de reptiles, tortugas, etc. En este lugar hay procesos de reproducción de toda la biodiversidad, es decir, no solamente asociados al crecimiento de peces sino de moluscos, langostas, caracoles, estrellas de mar, erizos y otros animales y organismos marinos.

Incluso, se perdería el recurso pesquero de la población de caracol, langosta, pargo, mero y cherna. Los dos primeros representan más del 90% de exportaciones para el país.

Atentado contra reserva mundial

Desde el año 2002, la Unesco declaró al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como reserva de biosfera Seaflower (la red mundial de reservas de biosfera más grande del planeta), debido, entre otros asuntos, al gran inventario que alberga: más de 407 especies de peces, 48 corales duros, 54 corales blandos, 3 hidrocorales, 2 zoantidos, 2 anémonas, 3 medusas, 130 esponjas, 37 moluscos, 37 crustáceos, 38 equinodermos, 4 reptiles, 5 cetáceos, 157 aves, 3 pastos marinos y 4 mangles. No obstante, los científicos coinciden en que falta estudiar posibles nuevas especies en este lugar.

Los corales en las islas son ecosistemas estratégicos debido a que asocian varias especies. El director Mancera explica que “un coral es la matriz de organismos que han formado colonias y han creado a la vez estructuras duras, que parecen rocas, pero vivas. A estas se adhieren algas, microorganismos y otra gran cantidad de especies que generan una red trófica (cadena alimentaria)”.

Esta diversidad de fauna, además, convierte los corales en ecosistemas vitales para las zonas costeras en el Caribe, pues son una barrera natural contra el embate de las olas.

“La hidrodinámica del mar es retenida, minimizada con estas estructuras calcáreas que son colonias de organismos, son rocas emergentes, y tienen una función fundamental para protección de las zonas costeras y al mismo tiempo para el almacenamiento de grandes cantidades de organismos”, dice Adriana Santos.

Y añade: “La barrera coralina es un lugar estratégico para la vida y fundamental para la isla, si no hay barrera arrecifal, habrá deterioro y erosión de la playa”.

Actividades económicas de los arrecifes

Colombia es uno de los países más importantes en diversidad biológica. Muestra de ello es la reserva coralina Seaflower en el Caribe colombiano, con 349.800 km2, que ha permitido actividades comerciales e industriales que apuntan hacia el progreso de la región.

En el 2009, la Universidad Nacional adelantó un estudio sobre el potencial del buceo en las islas para determinar el valor ecoturístico y recreativo de los corales.

Según el estudio, las actividades recreativas en la Isla de San Andrés, como el buceo, cuyo principal atractivo es apreciar los arrecifes de coral, generan cerca de 24 millones de dólares al año.

Pero eso no es todo, estos animales coloniales generan otro tipo de riqueza que beneficia a las industrias farmacéuticas, pues poseen sustancias bioactivas que permiten elaborar medicamentos, cremas y alimentos. Este potencial no se ha explorado en el país.

En el mundo, la biodiversidad marina se conoce en una proporción mínima frente a la terrestre: “Animales y plantas del archipiélago generan una industria importante en el campo médico. Los estudios han demostrado que con las esponjas se pueden hacer antibióticos, y los moluscos expelen sustancias que permiten pegar huesos”, describe el profesor Ernesto Mancera.

Sigue pelea ambiental

Uno de los temas que más preocupan con la proyección petrolera es la pesca. Adriana Santos ha realizado investigaciones importantes al respecto y por eso sabe que la pesquería depende de estas zonas costeras, de los ecosistemas de manglar, los pastos y los arrecifes. “Ahí es donde están los sitios más productivos y donde ocurren los procesos de reproducción”, puntualiza.

A pesar de que la ANH informó que aplazará la firma de contratos para exploración y explotación en las zonas que habían sido asignadas en el Caribe colombiano, adelantará el proceso de concertación con Coralina para determinar la mejor forma de explotar los recursos.

También realizará, como estaba contemplado en los contratos, las consultas previas y tramitará la obtención de los permisos requeridos para el inicio de cualquier trabajo en las áreas contratadas.

Sin embargo, para la directora de Coralina, si en tres meses no hay acuerdo en el pacto de cumplimiento se procederá con la siguiente etapa que es el periodo probatorio. Después, el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés valorará las pruebas y fallará.

“El caso está en manos de los jueces, y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en la defensa del archipiélago. Nos apoyaremos en nuestro sistema legal y judicial, en caso  de que la acción popular no prospere”, declara la funcionaria.

El debate sigue abierto. No obstante, para expertos en el tema ambiental como el investigador Orlando Rangel, del Instituto de Ciencias Naturales de la UN, “tiene que haber una política de Estado que asegure que todas las partes van a ser escuchadas, y los intereses económicos no vayan en detrimento del bienestar ambiental”.

Y aun nos creemos el cuento de la locomotora minera? o mas bien de una limosina para unos cuantos....

Definitivamente en la medida que los colombianos nos interesemos en conocer las realidades del pais, asi como de analizar diferentes puntos de vista, podemos ir descubriendo que la famosa "locomotora minera" arranco desde el gobierno pasado pero para beneficio de unos pocos. 

Esta entrevista realizada el exministro de ambiente, Manuel Rodriguez Becerra expone abiertamente los intereses particulares sobre el tema minero en Colombia, el como algunos ex funcionarios del anterior gobierno ahora ocupan cargos directivos en grandes compañias mineras con el unico fin de poder abrirle paso a esta locomotora a como de lugar. El artículo finaliza con una frase, que nos debe generar no solo preocupacion sino una gran responsabilidad, mas aun por la autoridad ambiental que la manifiesta : "Estamos ad portas de una tragedia ambiental."....o como el titulo de nuestro famoso Nobel, CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA.

Transcribo y copio el link del diario El Tiempo 

Noticia eltiempo.com 

"Estamos ad portas de una tragedia ambiental": ex ministro de Minas

Por: MARÍA ISABEL RUEDA ESPECIAL PARA EL TIEMPO | 9:07 p.m. | 10 de Julio del 2011

 Tomada de www.eltiempo.com

En Colombia la minería está desbocada, dijo Manuel Rodríguez en entrevista con María Isabel Rueda.

Por pura curiosidad: ¿escuchó la grabación de Al Yazira del joven ejecutivo colombiano que dice que, en materia minera, para convencer a las familias campesinas hay que comprarlas con 'money'?

Sí. Me pareció grotesco.

¿No es esa una radiografía muy cercana de lo que está pasando con la explotación minera en Colombia?

En Colombia, la minería está desbocada. Tanto la legal como la ilegal. No soy antiminero. La minería nos provee materiales fundamentales para el bienestar humano. Pero puede generar mucho problema ambiental si se hace mal. Y en el país vamos hacia esa dirección.

Están entregando todo tipo de licencias de minería, de manera anárquica y corrupta... 

Es lamentable lo que ha ocurrido en los últimos años. De 2.000 títulos mineros pasamos a 8.000, que representan el 8 por ciento del territorio nacional. Se han dado licencias hasta en los páramos y en los parques naturales. En Colombia hay 3.600 operaciones de minería ilegal, según reciente informe de la Defensoría del Pueblo. Y se dieron títulos, lo cual es muy grave, en sitios donde hay minería tradicional. Muchas de esas familias no tienen papeles, pero han vivido de la pequeña minería por cientos de años. 

¿O sea que no se debe estigmatizar toda la minería ilegal, porque incluye la artesanal? 

Un tema son los pequeñísimos mineros tradicionales y los pequeños mineros nuevos que, en un país donde hay tanta inequidad, están buscando ganarse la vida de cualquier forma. Otro es la minería ilegal de retroexcavadora, grandes dragas y grandes motobombas, que son empresas multimillonarias que están simplemente haciendo minería ilegal. Eso hay que desterrarlo. El gobierno Santos está tomando medidas para hacerlo. Pero van a tener que designar unos comandos especiales de la fuerza pública con capacidad de mover esa maquinaria, que hoy en día puede ser paralizada por satélite. La cierran y cuando las autoridades llegan a moverla, no hay forma de abrirla. 

Y dicen que parte de esa minería ilegal está vinculada con la delincuencia organizada...

Con las 'bacrim', los 'paras', las Farc... Hay un problema de seguridad democrática, ambiental y social. 

¿Es cierto algo tan increíble como que el código minero colombiano fue asesorado por grupos de interés canadienses?

Según denuncias de ONG canadienses, fue en parte elaborado por una consultora canadiense y con recursos económicos de asistencia técnica canadiense. Y, ¡oh, qué casualidad!, una gran parte de las mineras que hay en Colombia son canadienses. Eso es inaceptable, a mi juicio.

Esto sí parece ser un asunto de 'money'. Se dice que el zar de la minería brasileña, Batista, se llevó a un camionado de concejales y políticos de Dibulla, con todo pago, al carnaval de Río...

Tomando las palabras de la entrevista de Al Yazira, esto es un problema de chequera. Eso sucedió con la minera MPX, del millonario brasileño Eike Batista. No sé si irían al carnaval o no. Eran los concejales de Dibulla y el director de Corpoguajira. Costó, en promedio, cinco mil dólares por persona. De ese caso se ocupó el diario Folha de Sao Paulo, porque a los mismos brasileños les pareció escandaloso. Pues el concejo de Dibulla le ha dado algunas exenciones de impuestos a la empresa minera. Y parece que las chequeras de las mineras son lo suficientemente grandes no solo para llevarse de paseo a los concejales, sino también para contratar altos ex funcionarios públicos colombianos. 

¿Por qué lo dice? 

Hay altos ex funcionarios del gobierno Uribe que han sido enganchados como altos ejecutivos de compañías mineras para que se encarguen de tramitar las concesiones y las licencias ambientales. 

¿Como qué casos? Esa es una afirmación bien delicada...

MPX contrató a Leyla Rojas, viceministra de aguas hasta el 2010, como jefe jurídica. De su equipo hace parte Diana Zapata Pérez, ex directora de licencias ambientales del Ministerio, y Adriana Rodríguez, ex asesora del Ministro. El ex director de Ingeominas Julián Villarruel trabaja hoy para AngloGold Ashanti, la empresa con mayor extensión en títulos mineros (550.000 hectáreas y solicitudes por 2'000.000 adicionales). La ex canciller María Consuelo Araújo es presidenta de la Gran Colombia Gold Company, fusionada recientemente con Medoro. Gloria Lucía Álvarez, después de haber dejado el cargo de directora de la CAR de Cundinamarca (2007), ingresó a AngloGold Ashanti como flamante asesora jurídica. Hoy ataca a la directora de Cortolima por cuestionar públicamente el proyecto de La Colosa. También me parece escandaloso que el ex ministro de Minas Hernán Martínez sea miembro de la junta directiva de Medoro Resources. Durante su período como Ministro de Minas (2006-2010) se tramitó la reforma del código minero y se otorgó en forma caótica el mayor número de títulos mineros en la historia del país.

Complicado...

El ex ministro de Justicia Rafael Nieto es el presidente de la Greystar, después de que su antecesor no lograra obtener la licencia para explotar el páramo de Santurbán. Insistirán. Claudia Jiménez, directora ejecutiva del Sector de la Minería de Gran Escala, fue la coordinadora de las relaciones del gobierno Uribe con los gremios como ministra consejera del Gobierno hasta el 2010. Como tal, participó activamente en las discusiones con el sector privado sobre la reforma del código de minas.¿Entonces, ¿de qué estamos hablando?

Dígame usted...

¿Para qué los contratan? Pues los que he mencionado, unos para ser tramitadores de licencias ambientales con sus influencias por su reciente paso por el Estado; otros para que lleven la información que acaban de recopilar como funcionarios del Estado; otros para que con su poder de lobby se atraviesen ante cualquier modificación del código minero. Con ayuda de esos mismos influyentes funcionarios impedirán que el país aumente las regalías de la minería, de lo cual han hablado muchos expertos y hasta senadores.

Eso de las regalías mineras sí que es inequitativo con el país...

No se entiende por qué en Colombia se cobra apenas un 4 por ciento para el oro y un 12 para la sal. No hay una tarifa como en los otros países para que las regalías sean progresivas a medida que aumenta el precio internacional del oro.

Y exenciones de impuestos...

Le voy a dar un dato. De acuerdo con el economista Guillermo Rudas, que acaba de entregar un magnífico estudio de la minería en Colombia, en el 2007 las regalías pagadas fueron de 1,1 billones y las exenciones, de 0,59 billones. En el 2009, las regalías pagadas fueron de 1,93 billones y las exenciones, de 1,75 billones.

¡Es decir que prácticamente se les devolvieron las regalías! En esta locomotora minera van montados unos privilegiados...

Habría que explicarles a los colombianos por qué esas bajas regalías, por qué las exenciones. Tenemos que reformar el régimen minero. El caso del oro es grotesco. No entiendo lo de los derechos adquiridos, cuando en este momento las grandes operaciones de minería de oro no se han iniciado, no hay ninguna licencia ambiental que haya sido concedida y la mayoría están en su fase de exploración.

¿Será que las grandes multinacionales mineras nos están respirando en la nuca y no tenemos ya la posibilidad de ordenar esta avalancha?

Colombia no tiene la institucionalidad para eso. Me impresionó mucho que el ministro Martínez, en el gobierno pasado, escribiera una columna en respuesta a Salud Hernández diciendo que Ingeominas tenía la capacidad técnica para hacerle el seguimiento y la fiscalización a la minería. Fue una mentira que nos dijo a los colombianos. Tenemos instituciones profundamente débiles en el sector minero. El Ministerio de Minas es muy débil, Ingeominas es una cueva de Alí Babá. Las corporaciones autónomas no pasan por su mejor momento y al Ministerio de Ambiente apenas lo van a resucitar. ¿Cómo atender 8.500 títulos mineros, 19.000 que vienen en cola y 3.600 operaciones denominadas ilegales? 

¿Estamos en camino de convertir a Colombia en un gran cráter?

Estamos ad portas de una tragedia ambiental. Como dice ese gran ambientalista que es Julio Carrizosa, Colombia es un país más bello que rico. Si algún colombiano quiere saber cuáles son los escenarios que estamos creando en Colombia, vean los documentales de Mauricio Gómez sobre el centro del Cesar, que muestran tres cosas: el desastre ambiental, el desastre social y que se roban todas las regalías. Nos quedamos sin el pan y sin el queso. Colombia está frente a una enorme amenaza. ¿Ese es el país que algún colombiano quiere?"

Hay duda alguna de los grandes negocios que se concretaron con los recursos e infraestructura del país en los últimos años? Dia tras dia van saliendo a flote mas y mas colombianadas ambientales que realizan unos pocos a costa de nuestro patrimonio. Este articulo de Portafolio.com da en uno de tantos puntos álgidos en nuestro país, el negocio a diestra y siniestra de los recursos naturales.

Transcribo y copio el link a continuación, pero para destacar el siguiente párrafo: "Para bien del país, este Gobierno ya frenó la piñata de títulos mineros que se hizo en el segundo periodo de Uribe, donde en sólo 9 meses se otorgaron títulos por la misma área que se había asignado en todos los años anteriores, incluso a paramilitares y delincuentes y hasta en parques nacionales y zonas de páramo."

El negocio de los títulos mineros

El negocio de los títulos mineros

Por: Mauricio Cabrera Galvis

junio 27 de 2011 - 10:22 pm

A pesar de los altos precios internacionales de los minerales, el mejor negocio de la minería en Colombia no es explotar una mina, sino adquirir un título minero para luego venderlo.

El negocio es excelente para el propietario inicial del título, al que el Estado casi se lo regala (sólo hay que pagar $550.000), y para quienes lo compran en el mercado secundario, y luego lo venden multiplicando muchas veces el valor pagado.

Explotar una mina de oro, hierro, carbón o cualquier otro mineral es un buen negocio en el que las cuantiosas inversiones requeridas dejan grandes utilidades, sobre todo por el bajísimo monto de regalías que deben pagar al país. Pero la rentabilidad en la compraventa de títulos mineros es muchísimo más alta.

La semana pasada, la Drummond anunció que había vendido el 20% de su operación de carbón en Colombia por US$1.525 millones al grupo japonés Itochu. Esto quiere decir que el valor de las minas de carbón en el Cesar y la infraestructura asociada sería superior a los US$ 7.600 millones. Drummond es una empresa privada, por lo que no se conocen las cifras exactas sobre las inversiones que ha hecho, pero se estima que el monto neto, restando los dividendos que ya ha remitido a su casa matriz en Alabama, no supera la cuarta parte del precio de venta. La plusvalía obtenida se deriva del valor de las reservas de carbón que tiene en concesión en virtud de los títulos mineros que compró hace años por un precio más bajo.

Otro caso es el de la venta de la empresa canadiense Ventana Gold Corp., que tiene títulos mineros para explotar oro en 4.590 hectáreas en Santander, por US$1.500 millones. De este se conocen más detalles, porque Ventana era una empresa listada en la bolsa de Toronto, obligada a hacer pública toda la información. Ventana en el 2009 compró los primeros títulos por el 75% de la mina El Coloro por US$500.000 y 600.000 acciones de la empresa (en la época valían menos un dólar cada una), luego adquirió el otro 25% por US$6 millones. También se sabe que en el 2010 pagó US$48 millones por lo títulos de las minas La Bodega y La Baja, y que en la compra de otros títulos y las inversiones en exploración se ha gastado unos US$70 millones adicionales, para un total de inversiones de US$136 millones.

La cadena de la felicidad empieza en los afortunados propietarios de los títulos mineros originales, por los que no le pagaron casi nada al Estado colombiano y los vendieron por millones de dólares; es probable que el Estado tampoco hubiera recibido nada por esta multimillonaria ganancia ocasional. 

La Ventana tampoco hizo un mal negocio, pues aunque ya tuvo que pagar un precio alto por los títulos mineros, los vendió en casi 12 veces el valor invertido. Aquí no hay duda de que como la transacción se hizo en Canadá, Colombia no recibió un peso de esa enorme utilidad.

Para bien del país, este Gobierno ya frenó la piñata de títulos mineros que se hizo en el segundo periodo de Uribe, donde en sólo 9 meses se otorgaron títulos por la misma área que se había asignado en todos los años anteriores, incluso a paramilitares y delincuentes y hasta en parques nacionales y zonas de páramo. Pero no es suficiente haber detenido la gran corrupción heredada de Uribe.

El Gobierno tiene que acabar con el negocio y la especulación con los títulos mineros, reduciendo los plazos de su vigencia y estableciendo un alto gravamen a su venta a terceros.

El presupuesto y el sector ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

Era previsible que el presupuesto para el sector ambiental, tan olvidado en muchos presupuestos, no fuera el esperado y sobre todo, el necesario para hacer de la sostenibilidad ambiental uno de los ejes transversales como lo menciona el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, sancionado a través de la recientemente expedida Ley 1450.

En la imagen encontramos el resumen sectorial y es de por si interesante apreciar los "intereses sectoriales del sector privado": agricultura, ciencia y tecnología, comunicaciones, educación, minas y energia, transporte y vivienda. Vemos aqui que se busca canalizar grandes recursos privados (gestion loable del gobierno) en actividades que les redudarán muchos mas beneficios a las empresas, pero a costa de sacrificar nuestro patrimonio natural, en el cual, efectivamente vemos que no hay el menor de interes de invertir sino de extraer.

    *Tomado de la Ley 1450, link al final

Una revisión rápida nos permite evidenciar aciertos, dudosos y por supuesto, micos.

De la ley hay que mencionar aciertos o mejor seria decir que por fin se pone atención en el tema ambiental a diferencia de otros gobiernos, pues muchas de las acciones estan definidas en nuestra Politica Ambiental Colombiana desde nuestro famosos Codigo de los Recursos Naturales de 1974.

"ARTíCULO 105°. "ENERGíAS RENOVABLES. El gobierno Nacional diseñará e implementará una politica nacional encargada de fomentar la investigación y el desarrollo y la innovación en las energías solar, eólica, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, undimotríz y demás alternativas ambientalmente sostenibles, así como una política nacional orientada a valorar el impacto del carbono en los diferentes sectores y a establecer estímulos y alternativas para reducir su huella en nuestro país."

"ARTíCULO 202°. DELIMITACiÓN DE ECOSISTEMAS DE PÁRAMOS Y HUMEDALES. Los ecosistemas de páramos y humedales deberán ser delimitados a escala 1 :25.000 con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces . La delimitación será adoptada por dicha entidad mediante acto administrativo. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los grandes centros urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales realizarán el proceso de zonificación, ordenamiento y determinación del régimen de usos de estos ecosistemas, con fundamento en dicha delimitación, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. Para lo anterior, tendrán un plazo de hasta tres (3) años a partir de que se cuente con la delimitación ."

"ARTíCULO 205°. TASAS DE DEFORESTACiÓN. Las coberturas de bosque natural y las tasas de deforestación serán monitoreadas anualmente mediante la metodología que para tal fin sea definida por el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces, para lo cual tendrá un plazo de hasta un (1) año a partir de la promulgación de la presente ley."

"ARTíCULO 206°. RONDAS HíDRICAS. Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del decreto Ley 2811 de 1974 Y el área de protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno Nacional".

"ARTíCULO 207°. CONSERVACiÓN DE ECOSISTEMAS DE ARRECIFES DE CORAL. Se dará protección a los ecosistemas de arrecifes de coral, manglares y praderas de pastos marinos de todas las zonas marinas de jurisdicción nacional definidos por el "Atlas de Áreas Coralinas de Colombia" y el "Atlas Las Praderas de Pastos Marinos en Colombia: estructura y distribución de un ecosistema estratégico", elaborados por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andréis".

Parágrafo 1. En arrecifes de coral y manglares se prohíbe el desarrollo de actividades mineras, exploración, explotación de hidrocarburos, acuicultura, pesca industrial de arrastre y la extracción de componentes de corales para la elaboración de artesanías.
Parágrafo 2°. En pastos marinos, se podrá restringir parcial o totalmente el desarrollo de actividades mineras, de exploración y explotación de hidrocarburos, acuicultura y pesca industrial de arrastre con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. El Gobierno Nacional, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la expedición de esta Ley reglamentará los criterios y procedimientos para el efecto."

Hay que mencionar articulos que generan preocupacion por lo vago de su descripcion y asimismo, aplicación. Mas aun si en el mismo Plan de desarrollo se habla de un Plan de desarrollo minero que se elaborará en el lapso de 3 años, bien las reservas podrian ser parte constitutiva de este o no? Tambien en el lapso de 3 años se delimitaran los ecosistemas de paramo del país, por lo que las reservas mineras estrategicas bien podrian definirse posterior a que salgan estos documentos y concordadas con ellos.

"ARTíCULO 108°. RESERVAS MINERAS ESTRATÉGICAS. La autoridad minera determinará los minerales de interés estratégico para el país, respecto de los cuales podrá delimitar áreas especiales en áreas que se encuentren libres, sobre las cuales no se recibirán nuevas propuestas ni se suscribirán contratos de concesión minera.

Lo anterior con el fin de que estas áreas sean otorgadas en contrato de concesión especial a través de un proceso de selección objetiva, en el cual la autoridad minera establecerá en los términos de referencia, las contraprestaciones económicas mínimas distintas de las regalías, que los interesados deben ofrecer."

Si bien se dio un avance con respecto al Decreto 2372 dee 2010 con respecto a la sustraccion de areas protegidas, deja una opcion en zonas de reserva "productoras":

ARTíCULO 204°. AREAS DE RESERVA FORESTAL. Las áreas de reserva forestal podrán ser protectoras o productoras. Las áreas de reserva forestal protectoras nacionales son áreas protegidas y hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Las autoridades ambientales, en el marco de sus competencias, y con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, podrán declarar, reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar o recategorizar las áreas de reserva forestal. En los casos en que proceda la sustracción de las áreas de reserva forestal , sea ésta temporal o definitiva, la autoridad ambiental competente Impondrá al interesado en la sustracción, las medidas de compensación, restauración y recuperación a que haya lugar, sin perjuicio de las que sean impuestas en virtud del desarrollo de la actividad que se pretenda desarrollar en el área sustraída. Para el caso de sustracción temporal, las compensaciones se establecerán de acuerdo con el área afectada .

Parágrafo 2°. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces señalará las actividades que ocasionen bajo impacto ambiental y que además, generen beneficio social, de manera tal que se pueden desarrollar en las áreas de reserva forestal , sin necesidad de efectuar la sustracción de las mismas. Así mismo, establecerá las condiciones y las medidas de manejo ambiental requeridas para adelantar dichas actividades.

 No podian faltar los MICOS:

"ARTíCULO 60". PROYECTOS ESPECIALES AGROPECUARIOS O FORESTALES. Adiciónese la ley 160 de 1994 con el siguiente artículo:

Artículo 72 A. Proyectos Especiales Agropecuarios o Forestales. A solicitud del interesado se podrán autorizar actos o contratos en virtud de los cuales una persona natural o jurídica adquiera o reciba el aporte de la propiedad de tierras que originalmente fueron adjudicadas como baldíos o adquiridas a través de subsidio integral de tierras, aún cuando como resultado de ello se consoliden propiedades de superficies que excedan a la fijada para las Unidades Agrícolas Familiares UAF por el INCODER, siempre y cuando los predios objeto de la solicitud estén vinculados a un proyecto de desarrollo agropecuario o forestal que justifique la operación."

Claro que para controlar esta situación crearon el super articulo 61

ARTíCULO 61°. COMISiÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL. Adiciónese la Ley 160 de 1994 con el siguiente artículo:
"Artículo 72 B. Comisión de Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal. Créase la Comisión de Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal, con el objeto de recibir, evaluar y aprobar los proyectos especiales agropecuarios y forestales, autorizar Ilas solicitudes de los actos o contratos relacionados con estos proyectos cuando con ellos se consolide la propiedad de superficies que excedan 10 UAF, y de hacer el seguimiento para garantizar el cumplimiento de lo aprobado y autorizado.
La Comisión estará integrada por los Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, de Hacienda y Crédito Público, de Comercio, de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial, o quien haga sus veces, de Industria y Turismo, el Director del Departamento Nacional de Planeación Nacional y el Alto Consejero(a) para la Gestión Pública y Privada de la Pres.idencia de la República. El Gerente del INCODER ejercerá la Secretaría Técnica.

Al reglamentar la materia el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta los criterios para la aprobación de los proyectos y para la autorización de los actos y contratos sometidos a consideración de la Comisión, incluyendo la generación de inversión y empleo, su aporte a la innovación, 'a tran5ferencia tecnológica y el porcentaje de predios aportados al proyecto. La reglamentación respectiva será expedida dentro de los seis meses siguientes a la aprobación de la presente ley.
Al considerar los proyectos, la Comisión dará preferencia a los casos en los cuales se aportan predios y a aquellos en los cuales se configuran alianzas o asociaciones entre pequeños, medianos y/o grandes productores. Las solicitudes que se presenten a consideración de la Comisión, deberán incluir la descripción del proyecto que se desarrollará en el predio consolidado, con la identificación precisa de los predios para los cuales se solicita la autorización.

En caso de terminación o liquidación anticipada de cualquier proyecto que haya implicado el aporte de predios adjudicados o adquiridos mediante el subsidio integral de tierras, los adjudicatarios y/o beneficiar ios del subsidio tendrán la primera opción para recuperar la propiedad del predio aportado.

En otros articulos, se evidencia "la necesidad de bajar de 60 a 30 dias habiles el plazo para montar terminos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental" No nos bastó el mas reciente caso de aspectos no previstos en el estudio con el freno que le colocaon al proyecto del Quimbo, pues si eso se dio con 60 dias, como hubiera sido con la nueva legislacion de tan solo 30 dias? Igual comentario aplica para el otorgamiento de la licencia ambiental en el articulo 224, pues de 120 baja a 90 dias habiles.

"Artículo 223°. DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Modificase el Artículo 57 de la Ley 99 de 1993, así:

Artículo 57. Del Estudio de Impacto Ambiental. Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental, el conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el peticionario de una licencia ambiental.
El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto, y los elementos abióticos, bióticos, y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de los impactos que puedan producirse. Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad.
La autoridad ambiental competente, para otorgar la licencia ambiental, fijará los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental en un término que no podrá exceder de treinta (30) días hábiles contados a partir de la solicitud por parte del interesado."

Artículo 224°. DEL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAIVIIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES. Modifíquese el artículo 58 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará así:
"Artículo 58.-Del Procedimiento para Otorgamiento de Licencias Ambientales. El interesado en el otorgamiento de una licencia ambiental presentará ante la autoridad ambiental competente la solicitud acompañada del estudio de impacto ambiental correspondiente para su evaluación. La autoridad competente dispondrá de treinta
(30) días hábiles para solicitar al interesado información adicional en caso de requerirse. Allegada la información requerida, la autoridad ambiental dispondrá de diez (10) días hábiles adicionales para solicitar a otras entidades o autoridades los conceptos técnicos o informaciones pertinentes, que deberán serie remitidos en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces, dispondrá hasta noventa (90) días hábiles para decidir sobre la licencia ambiental, contados a part!r del acto administrativo de trámite que reconozca que ha sido reunida toda la información requerida, según el procedimiento previsto en este artículo.

Parág,rafo 10. En caso de que el procedimiento se demore más de Ilos noventa (90) días hábiles establecido en este artículo contados a partir del acto administrativo de trámite que reconozca que ha sido reunida toda la información requerida, se convocará a un comité quien en un plazo menor a diez (10) días hábiles establecerá un plan de acción obligatorio para que en un plazo menor a treinta (30) días hábiles la autoridad ambiental esté en posibilidad de decidir sobre la licencia ambiental.
El Comité estará integrado por
a) El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces, o su delegado.
b) El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado
c) El Ministro cabeza del sector al que corresponde el proyecto del caso , o su delegado.
Parágrafo 2°. El comité podrá invitar a las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos o los Establecimientos Públicos Ambientales de la respectiva jurisdicción a participar con voz y sin voto en el Comité.
Parágrafo 3°. Contra las decisiones del comité no procede ningún recurso administrativo.
Parágrafo 4°. Para todos los efectos de este artículo se entiende que la cabeza del sector al que corresponda el proyecto del caso, o su delegado, desempeña función administrativa. "

Una VERDADERA JOYA, pues mico le quedo chiquito ya que decisiones ambientales estaran condicionadas a "que no generen impacto fiscal":

ARTíCULO 226°. En desarrollo del interés público, colectivo, social y de conveniencia nacional de mejorar la calidad de vida y garantizar el derecho constitucional al goce de un ambiente sano, mediante el análisis de medidas que minimicen el impacto ambiental negativo y sin que las mismas generen impacto fiscal, el Gobierno Nacional y sus diferentes entidades podrán estudiar alternativas costo eficientes y probadas tecnológicamente que reduzcan las emisiones de material particulado, óxidos de nitrógeno y demás contaminantes.

Asi que habra que estar muy pendientes de:

1. La Comisión de proyectos especiales de desarrollo agrario y forestal que aprobará y finalmente otorgará tierras a capitales privados
2. Cuantas hectáreas de "Reserva Forestal Productora" son sustraidas del Sistema Nacional de Areas Protegidas
3. Cuantos términos de referencia de Estudios de Impacto ambiental serán elaborados en tan solo 30 dias, cuantas licencias ambientales serán otorgadas en 90 días y aquellas que se demoren mas, seran otorgadas por un comite cuyas decisiones, segun este PLAN DE DESARROLLO: "Contra las decisiones del comité no procede ningún recurso administrativo.
4. Tener en cuenta que las decisiones no generen impacto fiscal.

En fin, este es un vistazo rapido, los invito a que prefundicemos en su analisis pero sobre todo, estemos atentos del desarrollo de estas Colombianadas ambientales.

Ley 1450 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

En una proxima entrada analizaremos el capitulo VI del PND 2010-2014 titulado "Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo"