Colombia esta en una etapa en la que de tantas noticias de corrupción, tragedia e intereses particulares sobre los recursos naturales, no nos queda tiempo para investigar sobre lo que hay por debajo de las principales noticias.

Encontre este excelente artículo en Lasillavacia.com, acerca de los intereses mineros en un Parque Natural Nacional y la "aparente sustraccion" de 16.000 hectáreas del mismo, las cuales, curiosamente, poseen ya solicitudes de titulos mineros. Son estos los hechos que pasan desapercibidos, pero que definitivamente por su gran impacto no tardan en hacerse notar. Transcribo y copio el link.

Articulo La silla vacia

"El Parque Natural Tatamá: ¿en la mira de la minería?

El Parque Nacional Natural Tatamá es una reserva ecológica en los límites de Chocó y Risaralda que hace parte de la red nacional de parques naturales de Colombia. Tiene 51.900 hectáreas, de las cuales el 90% se encuentra en excelente estado de conservación. Es también una estrella hidrográfica que alimenta los ríos Cauca y San Juan, entre otros. El parque es un área de confluencia 9 municipios de los departamentos de Chocó, Risaralda y Valle. 

Según el  Plan de Manejo del parque, Tatamá tiene “amplia diversidad biológica y ecosistémica soportada en la diversidad de hábitat y accidentes topográficos, lo cual es más marcado en la vertiente occidental”. La vertiente occidental del parque es la zona selvática chocoana, un área que “posibilita la conexión de hábitat para la permanencia de flujos y de poblaciones viables de mamíferos, aves y flora procedentes de las tierras bajas de selvas húmedas del Chocó y las selvas andinas de la cordillera occidental”. 

Trazado del parque en 2007. Las prolongaciones occidentales de este mapa son eliminadas en el nuevo trazado (Tomado de: Plan de Manejo 2007-2011. Parque Nacional Natural Tatamá. Parques Nacionales Naturales de Colombia. Dirección Territorial Noroccidente. Antioquia. 2007).  

Sin embargo, a pesar de la relevancia de este parque, en la página oficial de Parques Nacionales Naturales de Colombia no aparece su mapa, como si sucede con otros parques. Al observar la cartografía básica publicada en el año 2010 -obtenida informalmente gracias a un técnico de la unidad-, se encuentra una notoria diferencia con el trazado que muchos ambientalistas habían conocido del Parque. La región occidental, que cubría en el departamento del Chocó aproximadamente 10 mil hectáreas de la zona occidental, en el límite entre Condoto y San José del Palmar, ya no hacen parte del mapa oficial.

Mapa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de la zona vecina del parque con el nuevo trazado, febrero de 2011. En la parte izquierda del mapa, entre los territorios colectivos de comunidades negras, los resguardos indígenas, y el nuevo plano del parque, queda un área de unas 10.000 hectáreas, que en este momento está siendo solicitada por grandes empresas mineras.

La última referencia al antiguo trazado del mapa se encuentra en el Plan de Manejo del Parque en el año 2007, elaborado por la Dirección Regional de Noroccidente de la Unidad de Parques con sede en Medellín, en el que se resalta el excelente estado de conservación del parque. Al año siguiente, en julio de 2008, Ingeominas recibió varias solicitudes mineras dentro del área del parque, en particular por parte de George Juilland que hace parte de un reconocido conglomerado de empresas mineras liderado por Gold Plata International Mining Corp -que a través de la filial Muriel Mining Corporation protagonizó un escándalo por realizar actividades mineras en el resguardo indígena Urada–Jijuamiandó en el Chocó sin el permiso de la comunidad. En julio de 2010 se realizaron nuevas solicitudes en el área por parte de otras empresas, entre las cuales se encuentran Extracon S.A. y Platino Colombia S.A.

Mapa de Títulos y Solicitudes en las vecindades del Parque Nacional Natural Tatamá. Catastro Minero Colombiano. Ingeominas, Febrero 2011. Las áreas cubiertas con diagonales son solicitudes de títulos mineros, las áreas en verde son títulos mineros entregados a treinta años,  las áreas con puntos naranja son parques nacionales naturales.

Solicitudes mineras realizadas sobre el área recortada al parque

Número de Título	Solicitante	Area (ha)	Fecha
JG2-09351	George Juilland	1998	02/07/2008
LGT-09141	Extracon S.A.	2144	29/07/2010
LGT-08361	Extracon S.A.	3247	29/07/2010
JG1-16241	George Juilland	125+298	01/07/2008
JG1-16241	George Juilland	125+248	01/07/2008
LGT-09461	Extracon S.A.	2432	29/07/2010
LJQ-10431	Dayro Borga Moreno	162	26/10/2010
LLH-09221	Platino Colombia S.A.S	7870	17/12/2010

Fuente: Catastro Minero Colombiano, Ingeominas. 2011.

De acuerdo con el rastreo de información hecho hasta ahora, no se ha hecho pública ninguna razón que explique la nueva forma del parque, ni por parte del ministerio encargado, ni por parte de la Unidad Administrativa de Parques Nacionales, ni de ningún organismo del gobierno.  

Sin embargo, a partir de la comparación de los mapas disponibles, parece claro que entre 2007 y julio de 2008 hubo un recorte de aproximadamente 10.000 hectáreas del área del parque, precedido por una oleada de solicitudes mineras por parte de poderosas empresas del sector. 

El caso de este parque deja una enorme inquietud sobre la institucionalidad que no ofrece totales garantías a los derechos constitucionales frente a los poderosos intereses del sector minero.

Nota de la editora: Una semana después de la publicación de esta historia, el área de comunicaciones de la dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia contactó a La Silla Vacía y envió este documento como respuesta a la historia del usuario Alejo Pulido. En su comunicación, Parques Nacionales Naturales explica que los límites geográficos del parque no han cambiado y que sería inconstitucional modificar su trazado. Dice que las diferencias en los mapas se deben a los cambios de la tecnología con la cual se ha hecho el levantamiento cartográfico.

- Leer aquí la comunicación enviada por la Dirección General de Parques Nacionales Naturales."

La tragedia invernal: ¿quién paga los costos de la corrupción y de la imprudencia?

Como comentaba el dia de ayer, dia tras dia, despues de lo mediatico del asunto, se empiezan a manifestar diferentes sectores y opiniones en torno a las verdaderas causas de la tragedia invernal en nuestro país.

Encontré en RazonPublica.com este excelente artículo de Marcela Anzola que analiza el fenómeno desde el punto de vista de la corrupcion y de la imprudencia. Simplemente vale la pena leerlo, analizarlo y comentarlo. Transcribo y copio el link.

RazonPublica.com

"La tragedia invernal: ¿quién paga los costos de la corrupción y de la imprudencia?

No es por falta de buenas normas ambientales: la tragedia invernal se pudo evitar, de haberse frenado a tiempo la urbanización salvaje en zonas prohibidas, pero al asumir altos riesgos bajo el amparo de la corrupción de funcionarios locales, tanto promotores como ocupantes son responsables y no víctimas.

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Un culpable real

Aunque en los últimos días han corrido ríos de tinta sobre la tragedia invernal, la mayoría de los textos se limitan a señalar los estragos del invierno y a las medidas para paliar los daños, sin ahondar sobre las causas de la misma, especialmente en cuanto hace a la responsabilidad humana.

Algunos evocan la mala suerte o la ira de la madre naturaleza- esta vez presentada como "el cambio climático" -pues interpretan estos eventos como productos de la voluntad divina o de fuerzas ajenas al querer humano. Pero en el caso concreto de la tragedia invernal en Colombia, la intervención humana sí ha jugado un papel decisivo.

En efecto, la mayoría de los expertos coincide en atribuir el invierno no sólo a los fenómenos de "el Niño" y "la Niña", sino también a las constantes violaciones de las normas ambientales que prohíben la construcción en zonas de reserva, humedales y rondas de los ríos.

Por ejemplo, en un artículo de El Espectador de mayo 2 de 2011, se indaga a tres expertos sobre las razones de la tragedia invernal y a pesar de que estos reconocen la existencia de causas naturales, hacen énfasis sobre las causas humanas:

• el haber permitido asentamientos en lugares que no respetan la dinámica de los ríos, como ocurrió en el caso del río Bogotá, donde se toleraron construcciones en zonas de ronda;
• el país ha crecido desordenadamente y se sabía que los asentamientos en zonas montañosas y ribereñas corrían un alto riesgo, y
• el mal manejo de las riberas de los ríos, de las zonas inundables, de las montañas, manifiestan la mala ocupación del territorio [1].

En otras palabras, los tres expertos hacen referencia implícita a la urbanización irregular o a la que se hace violando los estándares ambientales mínimos y por supuesto las leyes. 

Urbanización salvaje

 

A pesar de que algunos analistas insisten en pedir más rigor en las normas ambientales, el problema real no consiste en la falta de normas, sino en su violación masiva y consuetudinaria.

En efecto, desde 1974 contamos con buenas normas ambientales [2], e incluso puede afirmarse que Colombia país ha sido pionero en la materia. Y el desarrollo urbano, por su parte, está reglamentado de manera general desde 1986 [3], pero es de competencia de los concejos municipales.

Estas materias se encuentran pues plenamente reguladas. En la práctica, sin embargo, su aplicación es más que deficiente y su violación es constante. Esto se deduce de los permanentes escándalos mediáticos, que se pueden dividir en dos grandes áreas:

Los piratas en zonas de alto riesgo

El aumento de la población en las principales ciudades, producto en buena parte del desplazamiento de campesinos por causa de la violencia, se ha reflejado desde mediados del siglo XX en una continua ampliación de las periferias receptoras y de los asentamientos urbanos en terrenos de alto riesgo. Generalmente se trata de zonas protegidas, que eran de propiedad del Estado por ser reservas naturales.

El caso de Soacha ilustra esta realidad. En 1991 El Tiempo publicó un artículo titulado "La Pobreza tiene Cara de Perro", donde aludía a los problemas que existían en Ciudadela Sucre y en Altos de Cazucá, dos urbanizaciones promovidas por Rafael Forero Fetecua, por intermedio de la firma Solano & Plata Compañía Limitada. Se entregaron lotes a cambio de 45.000 pesos y 18 cuotas de seis mil pesos cada una, por concepto de la red de agua, luz y alcantarillado. Sin embargo la nota periodística resaltaba que el terreno era inestable, tanto que no era posible construir "excusados" - es decir, instalaciones sanitarias - porque las montañas podrían derrumbarse con la humedad [4].

Veinte años después la situación de Soacha es insostenible, y los temores de deslizamientos que se avizoraban en ese entonces se convirtieron en frías constataciones estadísticas. A diciembre de 2010, apenas comenzando la llamada "ola invernal", en este municipio había un muerto, 5. 564 personas afectadas, 1.306 familias damnificadas, 18 viviendas destruidas y 1.202 viviendas averiadas, como consecuencia de las inundaciones y de los deslizamientos de tierra, de acuerdo con información del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres.

Las licencias donde no se debía

Las urbanizaciones irregulares en zonas de riesgo ambiental no se limitan a los sectores populares. Los casos de La Calera y de Chía llaman la atención. Ambos sectores han atraído en la última década urbanizaciones y construcciones para los estratos más altos. Al igual que en el sur de Bogotá, el respeto por las normas ambientales ha sido, si acaso, la última prioridad para sus promotores.

-En La Calera se reportan dudas sobre la idoneidad de los procesos de urbanización desde hace 20 años. En 1993, El Tiempo señalaba en "La Calera, Chicó Rural", que este municipio enfrentaba un acelerado proceso de urbanización, comparable solamente con el de Soacha. De acuerdo con el informe, se trataba de un proceso desordenado, que desbordó a la administración municipal y la capacidad de los servicios públicos de la localidad [5]. Este proceso parece continuar y empeorar, tanto que en el 2008 El Espectador reportaba bajo el título "La Montaña Mordida", que "en algunos sectores del municipio casas de hasta $ 500 millones sustituyen lo que debería ser bosque nativo"; estas casas al parecer fueron construidas gracias a licencias irregulares [6]. El pasado 3 de Mayo, este municipio fue declarado en Alerta Amarilla tras el desbordamiento de la quebrada de Teusa.

-El caso de Chía es más reciente, pero muy similar al de La Calera: una desordenada proliferación de proyectos urbanísticos, acompañada de irregularidades ambientales. Los procesos de urbanización en las zonas ribereñas del Rio Frío -dentro de los 30 metros de la ronda del río- han sido objeto de frecuentes protestas en este municipio.

Tanto así, que el pasado diciembre, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, en cumplimiento de su función preventiva, llamó la atención del Alcalde del municipio por el desorden y la falta de manejo de la administración en esta materia.

Poco más adelante, el 18 de marzo de 2011, la Procuraduría le solicitó suspender obras que podrían acarrear graves daños ambientales [7]. El Alcalde debe "estudiar la posibilidad de suspender" las actividades de construcción de los proyectos "Plan de manejo ambiental y recuperación ambiental en el predio Boquerón de Tiquiza", "Proyecto de Vivienda de Interés Social SIDONIA", y "Proyecto la Nacional Laguna Azul". La Procuraduría se preocupa por el impacto que estas obras pueden tener sobre la contaminación de ríos, quebradas y acuíferos, la disminución, desecación y pérdida de los cuerpos de agua, la sedimentación, y la variación y deterioro del ciclo hidrológico, entre otros.

En Chía será necesario revisar las licencias ya otorgadas, especialmente en aquellos sectores que se han visto fuertemente afectados por las inundaciones y donde todo indica que se han violado las normas ambientales.

Los avivatos que pagamos entre todos

De este somero recuento se deduce que la corrupción ha jugado un papel central en esta historia, en tanto ella ha ayudado a que las autoridades encargadas no actúen o a que expidan licencias sin el lleno de los requisitos ambientales.

La pregunta es entonces: ¿quiénes pagarán el costo de semejante violación de las leyes? Para responder hay que tener en cuenta que, por regla general, los costos de la corrupción consisten en un deterioro del patrimonio público y que este se subsana con la restitución de los bienes. Pero en el caso que comento las leyes tienen por objeto conservar el patrimonio ambiental de largo plazo: violar aquí las normas es asumir deliberadamente riesgos con consecuencias desastrosas, previsibles e irreparables. Un ejemplo de actualidad son las muchas licencias mineras en zonas de páramo o para la exploración petrolera en medio de reservas coralíferas, que no llenan los requisitos ambientales.

Se piensa en los beneficios inmediatos pero no en las consecuencias mediatas. Es el comportamiento irresponsable e irracional de pretender recoger los beneficios hoy y... "ya se verá en el futuro" cómo se manejan los efectos indeseables... "el gobierno" sabrá qué hacer...

En los casos que he descrito, los afectados conscientemente se han puesto - y por una razón justificada o no justificada- en situación de riesgo. Los peligros les eran conocidos, pero como su ocurrencia se creía remota, o por lo menos poco probable, no había entonces de qué preocuparse.

En otros casos se trata además de terceros - como los urbanizadores piratas- que dolosamente buscaron maximizar las utilidades de corto plazo y desaparecer una vez logrado el objetivo de vender lotes inviables a largo plazo.

No obstante, cuando se dan los grandes daños, como hoy ocurre con la tragedia invernal, los beneficiarios avivatos se auto-transforman en víctimas del destino o de la naturaleza, de suerte que el Estado y la sociedad deben auxiliarlos por razones humanitarias, olvidando su bien humana responsabilidad.

En otros términos, se trasladan a la sociedad los costos de conductas claramente dolosas, tanto por los perjuicios directos que afectan a la comunidad en general, como por el deber de auxiliar a quienes sufren daños derivados de su propia imprudencia.


* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL.M. Universidad de Heidelberg, Lic.oec.int Universidad de Konstanz, se desempeña como consultora en las áreas de comercio internacional, inversión extranjera y anticorrupción. "

Colombianadas desde siempre

Quien dijo que solo el de turno comete errores? Poco a poco se va generando conciencia de que los efectos que vemos en el presente son el resultado de muuuuchos errores cometidos durante mucho tiempo por todos, particularmente por aquellos a quienes se les encomienda el manejo ambiental del país.

Encontré esta excelente reseña publicada por el diario El Espectador acerca del Río Magdalena y las diferentes situaciones políticas, económicas y ambientales que han venido contribuyendo dia a dia a la pérdida de sus condiciones naturales. Transcribo y copio el link.

 Noticia Diario el Espectador 22 de mayo de 2011

"Los chinos, tras la resurrección del río Magdalena

El problema de las inundaciones en cerca de las 700 poblaciones, localizadas a lo largo de los 1.540 kilómetros del Magdalena, no se soluciona de la noche a la mañana, pese a las recomendaciones de un montón de estudios que reposan en los anaqueles del Ministerio de Transporte y de Cormagdalena, que podrían ser una salida a esta situación, pero siempre y cuando se inviertan más de US$1.000 millones.

Desde la época del Libertador Simón Bolívar se viene hablando de buscar una solución que permita explotar la mayor y más importante hidrovía del país y solucionar los problemas de inundaciones, que 200 años después nos siguen afectando en cada invierno.

De acuerdo con los meteorólogos, este es el invierno más inclemente y lo más complicado es que con el cambio climático la situación tiende a agudizarse.

Uno de los expertos que más sabe sobre el río Magdalena, Paulino Galindo, sostiene que lo que está ocurriendo es la secuela de un error de planificación que permitió a más de 700 poblaciones, entre corregimientos, veredas y municipios, instalarse a pocos metros del río, invadiendo los valles que el afluente requiere para rebozar en cada invierno.

El mismo Bolívar, preocupado por la comunicación entre el interior del país y el mar Caribe, lo que permitía de paso tener la posibilidad de conectarse con Europa, entregó en concesión la explotación del río al alemán Juan Bernardo Elbers.

Esta concesión, como muchas otras a lo largo de la historia, no tuvo una buena salida.

El contrato consistía en la explotación monopólica del río, que le daba derecho a cobrar un peaje, el cual era el doble subiendo de lo que costaba bajando.

Este peaje se le pedía al dueño de la carga, al pasajero o al propietario del caballo que se movilizara, pero como los ingresos eran mínimos, Bolívar autorizó a Elbers a explotar las orillas, pero siempre y cuando pagara a sus dueños por las tierras.

En ese momento, consideran los historiadores, fue que empezó el desastre del Magdalena, ya que se hicieron los primeros desarrollos agropecuarios, con cultivos como el tabaco y otros productos para incrementar la carga. Ahí arrancó la expansión de tierras y sus propietarios corrieron sus cercas y ganaron muchos metros al río, que hoy son los que están inundados.

Este concesionario fue el primero que provocó daños ambientales en el río, los mismos que buscan solucionar a como dé lugar.

La concesión, que tenía como contraprestación mantener dos vapores operando, transportar el correo, tropas y pertrechos en caso de guerra, terminó unos pocos años después, luego de que el general Francisco de Paula Santander sucediera a Bolívar en la Presidencia de la República.

Santander alegó que Elbers no cumplió con los vapores y esto le permitió entregar la concesión a un grupo de ingleses, quienes se dedicaron más al negocio de venta de munición a las tropas en conflicto que a mantener la navegación.

Luego vinieron otros gobiernos que contrataron diversos estudios con el mismo objetivo.

Laureano Gómez, siendo ministro de Obras Públicas y Transporte, solicitó al consorcio alemán Julio Berger la elaboración de los diseños necesarios para recuperar la navegación entre Neiva y Barranquilla.

A lo largo de una década los alemanes hicieron pruebas de campo y análisis para aplicar medidas que permitieran devolverle la época dorada del río, pero la experiencia de éstos en la recuperación de los ríos Elba y Oder no sirvieron de nada, ya que a pesar de que había un contrato firmado, éste nunca se ejecutó y las razones nunca quedaron claras.

Algo nada distinto a lo que pasa hoy con el contrato por $126 mil millones, suscrito entre la Nación y un consorcio integrado por Conconcreto y Valorcom para la construcción de un juego de esclusas en el Canal del Dique, el cual se está liquidando por considerar que iba en contravía con las aspiraciones de recuperar la navegación y la explotación del río. Para lo cual hace unos pocos días el saliente director de Cormagdalena, Juan Gonzalo Botero, suscribió otro con Hydrochina, que busca elaborar un plan maestro para la explotación del río Magdalena en todos los sectores.

Paulino Galindo considera que si se hubiera ejecutado el contrato de los alemanes la suerte del país sería otra y no tendríamos estos problemas que hoy se pretenden solucionar a través del Plan Maestro, que en dos meses entregarán los chinos.

El contrato con los alemanes costaba $5 millones y se pagaría uno cada año, pero éste se liquidó y la problemática se dejó a la deriva y hoy está fuera de control, a tal punto que millones de personas han sido afectadas por el desbordamiento de sus aguas.

Pese a que este año se harán inversiones por $7.000 millones en el dragado del río en el sector de Puerto Berrío y Puerto Salgar, donde nunca se ha dragado, el Gobierno tiene puestas sus esperanzas en el contrato suscrito hace unas semanas con Hydrochina, con el cual se encontrarán las soluciones a los problemas de navegabilidad y de inundaciones del Magdalena; sin embargo, expertos consideran que no se puede pensar en que en el país se pueda construir un proyecto como la represa de las Tres Gargantas, como en el río Yangtsé, lo que solucionó algunos problemas, porque las inundaciones se mantienen en algunas poblaciones a lo largo de los 6.300 kilómetros de este río.

El contrato con Hydrochina, que tendrá un costo de US$6,4 millones, de los cuales el gobierno chino aportará US$5,7 millones, le permitirá al país contar con un diagnóstico para realizar un Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena. Allí se determinará la potencialidad del río en el desarrollo de la navegabilidad, la explotación y la adecuación de tierras, el desarrollo piscícola y la generación de energía.

De acuerdo con el vicepresidente de Hydrochina, Yu Zhiwen, quien estuvo presente en la firma del contrato, antes de oficializarse el acuerdo ya había 16 ingenieros expertos analizando los primeros detalles.

El directivo explicó que durante 24 meses se hará la medición y análisis del río a lo largo de sus 1.540 kilómetros y especialmente en esta época invernal, donde se pueden obtener excelentes mediciones.

El ingeniero chino recalcó que por ahora lo que hay que hacer es mantener una alerta temprana de la rama en las poblaciones ribereñas para evitar tragedias y reforzar los muros que están protegiendo las zonas de las viviendas.

Zhiwen señaló que no se puede comparar el Magdalena con el Yangtsé, ya que las circunstancias son distintas y el espacio geográfico y geológico es distinto. Una de las diferencias es que los gobiernos chinos han invertido y siguen invirtiendo en el río, debido a que algunos sectores todavía se ven afectados por las inundaciones.

Lo importante no es que los resultados del estudio, que se conocerán en 24 meses, se puedan poner en práctica y no termine en otro anaquel del Ministerio de Transporte o de Cormagdalena, entidad que está saliendo de un letargo por falta de la renovación de su presupuesto de 2011, el cual se realizó hace dos semanas, cuando también presentó la renuncia a su cargo su director Juan Gonzalo Botero."

Nuevamente acerca del proyecto de Santurban

El tema no debe ser olvidado, mas aun cuando las intenciones persisten y tratan de confundir a la opinion. Encontré esta entrevista que quiero compartir y alli se toca el tema de los derechos adquiridos por la compañia, los argumentos que se exponen y los posibles escenarios en que veremos se desarrolla este tema.

Copio la entrevista y el link.

Entrevista ambientalista jorge william sanchez

"Uno de los voceros de los ambientalistas explica cuáles son las reservas que tienen con el proyecto.

Jorge William Sánchez es un abogado ambientalista que nació en uno de los pueblos del páramo: Mutiusca. En este proceso de licencia ambiental para la Greystar se ha convertido en tercero interviniente. En esta entrevista explica su visión del proyecto.

¿Por qué desde su punto de vista es inconveniente desarrollar el proyecto de minería en el páramo de Santurbán?

Desde el punto de vista ecológico al páramo de Santurbán, al que conozco en sus detalles,  es en realidad una verdadera fábrica de agua de los dos santanderes, es decir, del  'Gran Santander'.  Incluso, parte  de esas  aguas tributan al río Zulia que, a su turno,  deposita su caudal en la República de Venezuela. Si es una reserva hídrica de gran importancia ese solo aspecto hace pensar que quienes nos beneficiamos de esas aguas deberíamos procurar su defensa.

¿Cuál sería la afectación concreta que tendría el páramo de Santurbán, con sus cuencas y micro cuencas, si se llega a aprobar la explotación del oro en el lugar?

La afectación puede ser de distinto grado. Primero, el material que se piensa extraer de esos cráteres inmensos que piensa hacer la Greystar en la zona de páramo, que podrían llegar a tener un kilómetro de diámetro y que van a hacer producto de masivas explosiones de dinamita,  ese material se tritura y se lleva a unas pilas de lixiviación, donde son tratadas con agua que obviamente se capta de la región y agua a la que se vierte cantidades ingentes de cianuro. La Greystar dice que sus protocolos van a impedir que el agua se contamine, pero ese argumento en Santander y en mundo no cala, porque siempre existe el riesgo de un accidente o de un terremoto que colapse esa pila de lixiviación con todo el material contaminado terminará por afectar todo el material acuífero y llegará al área de Bucaramanga.

Además, los páramos, de los cuales Colombia es detentadora en gran parte, por su especial configuración de la flora, los musgos, líquenes y frailejones que actúan como colchones de agua, ellos retienen el agua y evitan que las cauces o los nacimientos de agua lleven más agua de la que deben llevar. Es una especie de regulador del agua. En invierno la retienen y en verano, de alguna manera, suministran el agua para mantener los niveles adecuados.

¿Tiene usted algún ejemplo en el mundo de esta clase de explotación minera que haya fracasado en el mundo?

Lo que sí tengo claro es que la tendencia mundial  es a eliminar  por completo el tratamiento o el manejo del oro o de los minerales preciosos con este tipo de productos químicos o de metales pesados. Por lo menos, acá en Santander se desterró  buena parte de la utilización del mercurio  que es mucho más letal que el cianuro, que se sigue usando. La Comunidad Europea, universidades importantes en los Estados Unidos propenden o buscan la eliminación del cianuro, por los riesgos que esto entraña.

Acá en Santander podemos mostrar un antecedente de que no son tan promisorias las propuestas de esta multinacional en la que tiene que ver con el manejo del impacto ambiental: hace pocos meses la Greystar cometió graves infracciones en el manejo  del ambiente a tal punto de que fue sancionada con multa de 60 salarios mínimos por la Corporación de Defensa de la Mesa de Bucaramanga.

¿Qué tipo de infracciones cometió?

Básicamente en el manejo de taludes y otros aspectos técnicos descritos en la resolución. Fue mal manejo del protocolo ambiental que le impone o que le impuso a la Greystar la Corporación de Defensa de la Mesa de Bucaramanga y eso está en firme. La pregunta que yo me hago es: si solo en la etapa de exploración están violando las normas ambientales, qué será en la etapa de explotación cuando los riegos aumentan.

¿Pero ellos dicen que su proyecto no va a tocar las cuencas y micro cuencas del páramo porque la mina estará al este de estos cuerpos de agua?

Ese argumento no es cierto porque ellos dicen  que la parte del páramo que van a tocar es minúscula comparada con el área total. Lo que pasa es que el páramo es un solo ecosistema y es integrado: la mayoría de sus lagunas están todas intercomunicadas, lo que quiere decir que todas sus fuentes hídricas están relacionadas. Un solo frailejón que se toque está afectando a ese ecosistema que es uno solo. El proyecto es pavoroso, porque  implica desde el inicio la remoción de la capa vegetal y ya hablé como esta capa es uno de los factores de equilibrio de este sistema hídrico.

Para terminar con el tema del agua, ellos dicen que van a entregar el agua tomada con un porcentaje muy bajo, inferior al que permiten las normas internacionales ¿por qué no aceptar este punto?

Desde el punto de vista teórico ese argumento podría ser válido  en la medida en que se cumplan todos los protocolos, posiblemente ellos logren controlar el cianuro. Ellos hablan de un reciclaje en esas pilas de lixiviación, pero de todas maneras queda un remanente que se va a depositar en las aguas que terminan surtiendo el acueducto de Bucaramanga.

La Greystar dice que no tocan ni el río a Tona ni a Suratá...

Lo que pasa es que el río Suratá está previsto como una fuente alterna del acueducto de Bucaramanga, pero es que ese no es el riesgo. Estamos hablando es de desastres ecológicos en las famosos pilas de lixiviación, donde pueda llegar a producirse un desprendimiento de una montaña, como acaba de ocurrir el 4 de marzo. Pregúntese usted: qué ocurriría si por causa del invierno hay un desprendimiento en las faldas de una montaña donde van a estar ubicadas estas pilas o que tal un terremoto. El riesgo que colapse y que ese material se ponga en contacto con la capa vegetal y los acuíferos. En materia de seguridad no todo está dicho.

...Pero también lo podrían decir que  los temores que hay  a un temblor  en el país no se puede frenar la inversión extranjera...

Ese es el argumento de la locomotora de la minería, de la confianza inversionista, que son argumentos que exhibe la Greystar, como el argumento de los derechos adquiridos que también podemos analizar en detalle desde el punto de vista jurídico, pero lo cierto del caso es que desde hace mucho tiempo la Corte Constitucional y la Constitución Política de Colombia habla de la necesidad de procurarle a los habitantes del país de un ambiente sano y de proteger esos ambientes sanos. Este es un derecho fundamental. Además, habla y desarrolla la teoría de la precaución, es decir, cuando hay choques normas mineras con las ambientales deberán primar estas últimas.

En aras de la discusión, ¿esta es una zona de alto riesgo sísmico?

Santander está reconocido a nivel mundial como uno de los sitios donde más tiembla en el mundo. Nosotros tenemos el municipio de los Santos que es un sector donde se presentan sismos todos los días, porque por ahí pasa una falla que ahora no recuerdo cuál es...

En cuanto a la capa vegetal, la Greystar dice que la van a retirar, pero al mismo tiempo que la van a preservar, ¿qué opina de estos argumentos?

Es un argumento ridículo por no catalogarlo de otra manera. La sola remoción de la capa vegetal está causando ya un daño. Un frailejón puede demorar en crecer 100 años y eso está comprobado. El solo quitar la capa vegetal en sí ya es un daño, porque toda esa flora es una captadora de agua.  Además, van a remover a punta de dinamita inmensas montañas de roca sólida. Esas explosiones van a producir sismos y microsismos que se pueden llegar a sentir hasta en Venezuela y es posible que dañe el lecho de algunas de las lagunas y el agua desaparezca.

Los estudios que han presentado indican que se removerán 80 mil toneladas de roca por día, de las cuales 40 mil son material estéril o escombro.  Esto indica que las otras 40 mil son ricas en materiales preciosos y que serán procesadas para extraerlos. El contenido o tenor de oro es de 1,35 gramos por tonelada  roca y el de plata es de 7,0 gramos por tonelada roca. Se estima una producción total de 140 toneladas de oro y  400 toneladas de plata.

La sola remoción de esas 80 mil toneladas de roca por día eso tiene que generar necesariamente un daño en el medio ambiente. Ellos tienen que remover montañas enteras para hacer algo que ellos llaman patios, donde tendrán maquinaria y material estéril. Eso necesariamente causa daño.

Greystar ofrece una modificación del proyecto para que les permitan esa explotación, ¿es posible concertar o definitivamente se le debe cerrar la puerta a Greystar?

El proyecto de minería de cielo abierto en una zona de páramo es inconcebible así se le hagan algunos ajustes. Para mí, sigue siendo desastroso, pero lo más importante es que la ley prohíbe la exploración y explotación en zona de páramos.

¿En cuál norma?

En el artículo 34 del actual Código de Minas en la última reforma, la Ley 1382 del 2010. Este artículo excluye de manera expresa la posibilidad de hacer explotación en la zona de páramo y un acto administrativo del Ministerio de Medio Ambiente, del año 2002, la Resolución 0769 define que los páramos son unos ecosistemas de una singular riqueza cultural y biótica y con alto grado de especies de flora y fauna fundamental.  Define, además, que la zona de páramos es a partir de los 3 mil metros a nivel del mar.  Al Gobierno de Juan Manuel Santos no le queda alternativa diferente que aplicar la ley. Tendrán que negar la licencia así propongan reformas al proyecto de Angostura.

Pero el artículo 34 original del Código Minero establece que sólo se podrán excluir proyectos mineros de las zonas de reserva forestal y en los parques naturales y Santurbán no ha sido declarado ni lo uno, ni lo otro...

Ese es un argumento de la Greystar y ahí viene a relucir el tema de los derechos adquiridos. La Greystar compró varios títulos mineros y después los reunió todos y logró que le dieran una concesión en la época del gobierno de Álvaro Uribe.  La Greystar argumenta que eso le genera unos derechos adquiridos y que estos no pueden ser desconocidos. Si bien la reforma al Código Minero es reciente, tiene predominio la interpretación jurídica de la nueva redacción del artículo.

¿Qué ocurriría si el Gobierno decide acoger esta tesis? ¿Qué acciones legales emprendería usted?

Este tema nos va a ocupar durante siete años más, no se va a resolver en 15 días. Si conceden la licencia ambiental yo, como tercero interviniente, lo primero que hago es interponer los recursos administrativos que la ley me permite, específicamente del contencioso administrativo: reposición y apelación y finalmente la nulidad.

¿Acudiría a instancias penales y disciplinarias?

Si estos se resuelven desfavorablemente vienen acciones judiciales  de carácter penal porque desconocer el artículo 34 del Código Minero, que define la zona de páramo, es en mi sentir un prevaricato. Es ir contra la ley. También se puede acudir a una acción popular.

¿Por qué defiende el páramo con tanto ahínco? ¿Qué provecho le saca a esto?

No saco ningún provecho de carácter patrimonial. Mi vinculación con el páramo es afectiva. Es un templo del silencio al que hay que respetar porque es sagrado.