Y aun nos creemos el cuento de la locomotora minera? o mas bien de una limosina para unos cuantos....

Definitivamente en la medida que los colombianos nos interesemos en conocer las realidades del pais, asi como de analizar diferentes puntos de vista, podemos ir descubriendo que la famosa "locomotora minera" arranco desde el gobierno pasado pero para beneficio de unos pocos. 

Esta entrevista realizada el exministro de ambiente, Manuel Rodriguez Becerra expone abiertamente los intereses particulares sobre el tema minero en Colombia, el como algunos ex funcionarios del anterior gobierno ahora ocupan cargos directivos en grandes compañias mineras con el unico fin de poder abrirle paso a esta locomotora a como de lugar. El artículo finaliza con una frase, que nos debe generar no solo preocupacion sino una gran responsabilidad, mas aun por la autoridad ambiental que la manifiesta : "Estamos ad portas de una tragedia ambiental."....o como el titulo de nuestro famoso Nobel, CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA.

Transcribo y copio el link del diario El Tiempo 

Noticia eltiempo.com 

"Estamos ad portas de una tragedia ambiental": ex ministro de Minas

Por: MARÍA ISABEL RUEDA ESPECIAL PARA EL TIEMPO | 9:07 p.m. | 10 de Julio del 2011

 Tomada de www.eltiempo.com

En Colombia la minería está desbocada, dijo Manuel Rodríguez en entrevista con María Isabel Rueda.

Por pura curiosidad: ¿escuchó la grabación de Al Yazira del joven ejecutivo colombiano que dice que, en materia minera, para convencer a las familias campesinas hay que comprarlas con 'money'?

Sí. Me pareció grotesco.

¿No es esa una radiografía muy cercana de lo que está pasando con la explotación minera en Colombia?

En Colombia, la minería está desbocada. Tanto la legal como la ilegal. No soy antiminero. La minería nos provee materiales fundamentales para el bienestar humano. Pero puede generar mucho problema ambiental si se hace mal. Y en el país vamos hacia esa dirección.

Están entregando todo tipo de licencias de minería, de manera anárquica y corrupta... 

Es lamentable lo que ha ocurrido en los últimos años. De 2.000 títulos mineros pasamos a 8.000, que representan el 8 por ciento del territorio nacional. Se han dado licencias hasta en los páramos y en los parques naturales. En Colombia hay 3.600 operaciones de minería ilegal, según reciente informe de la Defensoría del Pueblo. Y se dieron títulos, lo cual es muy grave, en sitios donde hay minería tradicional. Muchas de esas familias no tienen papeles, pero han vivido de la pequeña minería por cientos de años. 

¿O sea que no se debe estigmatizar toda la minería ilegal, porque incluye la artesanal? 

Un tema son los pequeñísimos mineros tradicionales y los pequeños mineros nuevos que, en un país donde hay tanta inequidad, están buscando ganarse la vida de cualquier forma. Otro es la minería ilegal de retroexcavadora, grandes dragas y grandes motobombas, que son empresas multimillonarias que están simplemente haciendo minería ilegal. Eso hay que desterrarlo. El gobierno Santos está tomando medidas para hacerlo. Pero van a tener que designar unos comandos especiales de la fuerza pública con capacidad de mover esa maquinaria, que hoy en día puede ser paralizada por satélite. La cierran y cuando las autoridades llegan a moverla, no hay forma de abrirla. 

Y dicen que parte de esa minería ilegal está vinculada con la delincuencia organizada...

Con las 'bacrim', los 'paras', las Farc... Hay un problema de seguridad democrática, ambiental y social. 

¿Es cierto algo tan increíble como que el código minero colombiano fue asesorado por grupos de interés canadienses?

Según denuncias de ONG canadienses, fue en parte elaborado por una consultora canadiense y con recursos económicos de asistencia técnica canadiense. Y, ¡oh, qué casualidad!, una gran parte de las mineras que hay en Colombia son canadienses. Eso es inaceptable, a mi juicio.

Esto sí parece ser un asunto de 'money'. Se dice que el zar de la minería brasileña, Batista, se llevó a un camionado de concejales y políticos de Dibulla, con todo pago, al carnaval de Río...

Tomando las palabras de la entrevista de Al Yazira, esto es un problema de chequera. Eso sucedió con la minera MPX, del millonario brasileño Eike Batista. No sé si irían al carnaval o no. Eran los concejales de Dibulla y el director de Corpoguajira. Costó, en promedio, cinco mil dólares por persona. De ese caso se ocupó el diario Folha de Sao Paulo, porque a los mismos brasileños les pareció escandaloso. Pues el concejo de Dibulla le ha dado algunas exenciones de impuestos a la empresa minera. Y parece que las chequeras de las mineras son lo suficientemente grandes no solo para llevarse de paseo a los concejales, sino también para contratar altos ex funcionarios públicos colombianos. 

¿Por qué lo dice? 

Hay altos ex funcionarios del gobierno Uribe que han sido enganchados como altos ejecutivos de compañías mineras para que se encarguen de tramitar las concesiones y las licencias ambientales. 

¿Como qué casos? Esa es una afirmación bien delicada...

MPX contrató a Leyla Rojas, viceministra de aguas hasta el 2010, como jefe jurídica. De su equipo hace parte Diana Zapata Pérez, ex directora de licencias ambientales del Ministerio, y Adriana Rodríguez, ex asesora del Ministro. El ex director de Ingeominas Julián Villarruel trabaja hoy para AngloGold Ashanti, la empresa con mayor extensión en títulos mineros (550.000 hectáreas y solicitudes por 2'000.000 adicionales). La ex canciller María Consuelo Araújo es presidenta de la Gran Colombia Gold Company, fusionada recientemente con Medoro. Gloria Lucía Álvarez, después de haber dejado el cargo de directora de la CAR de Cundinamarca (2007), ingresó a AngloGold Ashanti como flamante asesora jurídica. Hoy ataca a la directora de Cortolima por cuestionar públicamente el proyecto de La Colosa. También me parece escandaloso que el ex ministro de Minas Hernán Martínez sea miembro de la junta directiva de Medoro Resources. Durante su período como Ministro de Minas (2006-2010) se tramitó la reforma del código minero y se otorgó en forma caótica el mayor número de títulos mineros en la historia del país.

Complicado...

El ex ministro de Justicia Rafael Nieto es el presidente de la Greystar, después de que su antecesor no lograra obtener la licencia para explotar el páramo de Santurbán. Insistirán. Claudia Jiménez, directora ejecutiva del Sector de la Minería de Gran Escala, fue la coordinadora de las relaciones del gobierno Uribe con los gremios como ministra consejera del Gobierno hasta el 2010. Como tal, participó activamente en las discusiones con el sector privado sobre la reforma del código de minas.¿Entonces, ¿de qué estamos hablando?

Dígame usted...

¿Para qué los contratan? Pues los que he mencionado, unos para ser tramitadores de licencias ambientales con sus influencias por su reciente paso por el Estado; otros para que lleven la información que acaban de recopilar como funcionarios del Estado; otros para que con su poder de lobby se atraviesen ante cualquier modificación del código minero. Con ayuda de esos mismos influyentes funcionarios impedirán que el país aumente las regalías de la minería, de lo cual han hablado muchos expertos y hasta senadores.

Eso de las regalías mineras sí que es inequitativo con el país...

No se entiende por qué en Colombia se cobra apenas un 4 por ciento para el oro y un 12 para la sal. No hay una tarifa como en los otros países para que las regalías sean progresivas a medida que aumenta el precio internacional del oro.

Y exenciones de impuestos...

Le voy a dar un dato. De acuerdo con el economista Guillermo Rudas, que acaba de entregar un magnífico estudio de la minería en Colombia, en el 2007 las regalías pagadas fueron de 1,1 billones y las exenciones, de 0,59 billones. En el 2009, las regalías pagadas fueron de 1,93 billones y las exenciones, de 1,75 billones.

¡Es decir que prácticamente se les devolvieron las regalías! En esta locomotora minera van montados unos privilegiados...

Habría que explicarles a los colombianos por qué esas bajas regalías, por qué las exenciones. Tenemos que reformar el régimen minero. El caso del oro es grotesco. No entiendo lo de los derechos adquiridos, cuando en este momento las grandes operaciones de minería de oro no se han iniciado, no hay ninguna licencia ambiental que haya sido concedida y la mayoría están en su fase de exploración.

¿Será que las grandes multinacionales mineras nos están respirando en la nuca y no tenemos ya la posibilidad de ordenar esta avalancha?

Colombia no tiene la institucionalidad para eso. Me impresionó mucho que el ministro Martínez, en el gobierno pasado, escribiera una columna en respuesta a Salud Hernández diciendo que Ingeominas tenía la capacidad técnica para hacerle el seguimiento y la fiscalización a la minería. Fue una mentira que nos dijo a los colombianos. Tenemos instituciones profundamente débiles en el sector minero. El Ministerio de Minas es muy débil, Ingeominas es una cueva de Alí Babá. Las corporaciones autónomas no pasan por su mejor momento y al Ministerio de Ambiente apenas lo van a resucitar. ¿Cómo atender 8.500 títulos mineros, 19.000 que vienen en cola y 3.600 operaciones denominadas ilegales? 

¿Estamos en camino de convertir a Colombia en un gran cráter?

Estamos ad portas de una tragedia ambiental. Como dice ese gran ambientalista que es Julio Carrizosa, Colombia es un país más bello que rico. Si algún colombiano quiere saber cuáles son los escenarios que estamos creando en Colombia, vean los documentales de Mauricio Gómez sobre el centro del Cesar, que muestran tres cosas: el desastre ambiental, el desastre social y que se roban todas las regalías. Nos quedamos sin el pan y sin el queso. Colombia está frente a una enorme amenaza. ¿Ese es el país que algún colombiano quiere?"

"La ministra de ambiente y la consejera no existen"

Definitivamente el tema de la ola invernal y sus responsables generaran mas de un editorial en nuestro blog de colombianadas, puesto que en vez de realizar una propuesta de atencion integral, se pretende desviar la atencion a quein es el culpable, tanto instituciones como de gobiernos.

Transcribo, por si curiosamente se daña el link de esta excelente entrevista que le hicieron a Manuel Rodriguez Becerra, exministro de ambiente con respecto al tema de la culpabilidad de la tragedia frente a la ola invernal en nuestro pais. 

http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-orozco/articulo-266414-ministra-de-ambiente-y-consejera-n

"La ministra de ambiente y la consejera no existen"

Echarle la culpa de todo a las CAR, es ridículo, afirma. La degradación ambiental está en las políticas agrícolas, ganaderas, mineras y de construcción de obras, dice.

Cecilia Orozco Tascón.- Todo el mundo le echa la culpa de las inundaciones que sufre el país a la mala gestión de las CAR (corporaciones autónomas regionales) ¿Son esas entidades las responsables del desastre invernal?

Exministro Manuel Rodríguez Becerra.- Debe quedar claro que soy partidario de que las CAR se reformen. Pero también hay que decir que la teoría de que las CAR son las culpables de todo y que si se modifican se acabarán los problemas ambientales, es absolutamente ridícula. Esta ola invernal no tiene antecedentes y se sabe cuáles son los efectos del fenómeno de la niña reforzado por el cambio climático. Pero hay razones esenciales: la pérdida de los páramos, la deforestación del bosque alto andino, la destrucción de los humedales han hecho que se altere la regulación del ciclo de agua de una forma extraordinaria.

C.O.T.- La degradación ambiental es el resultado ¿Cuáles son las causas?

M.R.B.- Las grandes causas de la degradación ambiental están en la política agrícola, minera, de infraestructura… ¿Quién supone que las CAR son tan poderosas como para lograr que los gobiernos cambien las decisiones de cada sector de la economía  para evitar daños ambientales? Durante más de dos décadas, el Incora primero, y el Incoder después, exigían como calificación de buena explotación, para adjudicar un baldío de la nación que antes era bosque que ¡no quedara ni un solo árbol en pie!

C.O.T.- ¿Cómo han influido las políticas agrarias, ganaderas o de infraestructura en el deterioro ambiental?

M.R.B.- Los ganaderos y los agricultores han secado, en muchas regiones, los humedales para ganar tierra y han arruinado muchos bienes públicos como las ciénagas. Otro ejemplo: sería muy interesante examinar cuántos créditos de los bancos públicos o privados han estimulado a los cultivadores industriales de papa a incrementar su negocio a costa de la conservación de los páramos.

C.O.T.- Cuando un humedal se seca para usar la tierra en actividades ‘útiles’, por ejemplo, para construcción de vivienda ¿Cuál es la respuesta de la naturaleza?

M.R.B.- Los humedales tienen varias funciones. Una de ellas es la de servir de amortiguador en época de invierno. Cuando se presenta un caudal muy fuerte en los ríos,  los humedales reciben el agua y la albergan. Cuando viene la época de sequía, sirven de alimentador porque devuelven parte del agua a los ríos y éstos aumentan así sus caudales. Aparte, son muy ricos en diversidad biológica y tienen una función importante en el ciclo reproductivo de las especies. Sin ellos, se altera todo el ecosistema. Una de las causas de la reducción de la pesca en Colombia ha sido la destrucción de ciénagas y humedales. En la cuenca del Magdalena y Cauca se pescaban en el año 72, alrededor de 70 mil toneladas. Hoy la pesca no pasa de 4 mil toneladas. Eso es producto de la contaminación pero también de la destrucción.

C.O.T.- ¿Qué sucede cuando usted destruye una ciénaga?

M.R.B.- Acaba con un elemento regulador del ciclo hídrico y, desde luego, el día que haya un invierno como el de ahora, los ríos reclaman su ciénaga y vuelven a tomar su lugar. Hay una parte muy importante de las tierras inundadas del Valle del Cauca, para ponerle solo un caso, que originalmente eran ciénagas o humedales.

C.O.T.- ¿Es lo mismo que ocurrió en la sabana de Bogotá?

M.R.B.- Definitivamente.

C.O.T.- ¿Nunca ha debido construirse en esas tierras?

M.R.B.- No. Estamos siguiendo un patrón de urbanización llamada por los norteamericanos ciudad dispersa. Hay dos tipos de ciudades que se pueden construir: en forma de huevo frito, es decir, que tienen la yema en el centro; ahí está la ciudad y el resto es naturaleza. Y las ciudades tipo huevo perico, extendida hacia fuera. Nosotros estamos yendo hacia este tipo de urbanización, con el deterioro ambiental consiguiente.

C.O.T.- ¿Debido a cuáles circunstancias?

M.R.B.-  Debido a varios fenómenos, uno de ellos, el sacrificio de ecosistemas importantes y tierras muy ricas y productivas para dedicarlas a vivienda de familias pudientes. La urbanización dispersa implica mayor gasto de energía y mayor deterioro. Por eso hoy se sabe que las ciudades deben ser densas y compactas pues éstas permiten construir en forma económica y eficiente sistemas de recolección de aguas lluvias; porque logran mayor eficiencia energética y porque emiten menos gases con efecto invernadero.

C.O.T.- La capacidad de presión de los grandes grupos económicos puede hacer que se suspenda la prohibición de construcciones o que se modifiquen los planes de desarrollo ¿Cuánta incidencia tiene este fenómeno en el problema ambiental?

M.R.B.- En todas las ciudades los planes de ordenamiento territorial (POT) se han convertido en presa predilecta de alcaldes, concejales y urbanizadores corruptos. Uno de los puntos que hay que poner en tela de juicio en el país es cómo se han estado modificando esos POT para autorizar la urbanización de tierras que no son para aptas para este fin. Se sabe que cuando se declara una tierra rural como urbana, su precio se incrementa tres o cuatro veces. Este esquema de corrupción es el responsable de gran parte de los desastres que vivimos hoy.

C.O.T.- El “esquema de corrupción” como usted lo llama ¿Alcanza hasta el alto gobierno?

M.R.B.- No puedo hablar de corrupción en el alto gobierno pero el desorden general ha llegado a tal punto que el Ministerio de Ambiente expidió un decreto, en la etapa final del gobierno del expresidente Uribe, en el que se decía que era posible urbanizar en Colombia en zonas de alto riesgo, que deberían ser prohibidas por lo que implican como peligro incluso para la vida humana, a cambio de que el urbanizador demostrara que había hecho obras para disminuir ese riesgo. Es grotesco.

C.O.T.-  Eso es una locura …

M.R.B.- Ilustra hasta dónde se distorsionó la tarea del ministerio en los dos gobiernos anteriores. Entre otras cosas, explica por qué el ministerio de Ambiente no suena ni truena hoy, cuando debería ser el líder para proponer soluciones y educar a la ciudadanía sobre las causas del desastre. Todos los ministros actuales hablan de la ola invernal en lo que les corresponde. Pero la de Ambiente no ha dicho nada. La ministra y la consejera no existen. Desaparecieron.

C.O.T.- Usted que ha sido ministro de Ambiente ¿Cree que alguna vez esa cartera ha tenido importancia similar a la de otro  ministerio?

M.R.B.- No se puede decir que en el pasado tuviéramos un ministerio ideal pero sí era mejor. A partir de los gobiernos Uribe se deterioró su importancia en forma dramática. Ese gobierno le dio una estocada al sistema ambiental de todo el país el cual, de todas formas, ya venía con problemas. Le proporciono un dato: en la última década se deforestaron 350 mil hectáreas por año triplicando, aproximadamente, la deforestación de la década anterior.

C.O.T.- ¿Por qué no supimos lo que estaba pasando?

M.R.B.- Tal vez porque muy pocos nos interesamos en el tema. Me llamó la atención que la crítica más contundente a lo que pasó en los últimos años la hizo, recientemente, la embajadora de Holanda que dijo que su gobierno estaría considerando retirar su asistencia a Colombia en materia  ambiental porque no está cumpliendo con los compromisos.

C.O.T.- ¿A qué se debe esa reacción?

M.R.B.- El gobierno holandés es el que mayor cooperación  técnica sobre medio ambiente le ha dado a Colombia. Antes, ese gobierno había hecho un diagnóstico sobre la situación ambiental del país durante la primera administración Uribe y se concluyó que la entidad se había debilitado. Por eso decidió entregarle recursos en el año 2007 con el compromiso de que se fortaleciera y mejorara su gestión. La embajadora afirmó que no se estaba cumpliendo. Es la crítica más feroz que se le ha hecho a la política ambiental colombiana.

C.O.T.-  En materia de carreteras ¿También hay deterioro ambiental?

M.R.B.- Lo que ha pasado con las carreteras no tiene perdón. Algo muy grave ha ocurrido en el diseño, proyección y construcción de vías ¿Cómo es posible que se hayan derretido muchas de ellas? Da pena que no haya habido aún un debate nacional en esta materia que también tiene que ver con el mal manejo ambiental.

C.O.T.- ¿Qué hacer con los daños ya hechos?

M.R.B.- Hay que realizar proyectos razonables. Hay que tratar, por todos los medios, de detener el deterioro de los páramos, de conservar los pocos bosques  alto andinos que tenemos y se debe examinar cuáles habría que regenerar por su importancia. El rescate de los humedales es complejo pero hay que restituirlos.

C.O.T.-  ¿“Restituirlos” significa recuperarlos aunque estén en manos privadas?

M.R.B.- Significa que el Estado tiene que volver a tomar posesión de ellos. Estas inundaciones nos han recordado cuáles son los espejos originales de los humedales. Seguramente hay exceso de inundación en algunos de ellos por el fenómeno excepcional de la niña y el cambio climático, pero básicamente los humedales estaban y están ahí donde los vemos ahora. Entonces hay que restituirlos como bienes públicos porque hacen parte del patrimonio nacional que ha sufrido un asalto vil.

“El Ministerio de Transporte no hizo nada”
Cecilia Orozco.- El canal del Dique, del que tanto se ha hablado en estos días  ¿Fue más un problema que una solución?

Manuel Rodríguez.-  En su momento el canal del Dique se construyó como si fuera una gran obra. Pero a largo plazo se demostró que fue un error. Hay soluciones de ingeniería que se pueden aplicar. Lo lamentable es que durante ocho años estuvieron en el escritorio del ministro de Transporte varias alternativas para resolver el problema de lo que se sabía que iba a pasar en caso de emergencia, que fue lo que sucedió en esta temporada invernal. Y el  Ministerio no hizo nada.

C.O.- ¿Qué preveían los estudios y de cuándo son?

M.R.- Los primeros estudios fueron promovidos por José Vicente Mogollón cuando era ministro de Medio Ambiente y se relacionaban con la gran sedimentación que estaba generando el canal en la Bahía de Cartagena. Para el año 2002 estaban listas las propuestas de solución. No se hizo nada y se perdieron los estudios. Algo similar ocurrió en la Mojana, donde hubo un desastre ambiental en 2005. El Ministerio de Transporte no construyó las obras para evitar las inundaciones a pesar de que el Conpes se lo ordenó en 2006.

A lo salvaje

C.O.- ¿Por qué la Orinoquia, donde el gobierno Uribe proyectó grandes obras presuntamente para potenciar y desarrollar la riqueza de la zona, se ha convertido en un punto crítico de discusión ambiental?

M.R.-  Los proyectos de la Orinoquia van en pésima dirección porque los gobiernos de Álvaro Uribe le comunicaron a la gente  que ese formidable ecosistema era simplemente un espacio vacío que se podía llenar de cualquier forma. El mensaje era que estaba para la venta. Han llegado, entonces, centenares de inversionistas y están comenzando a alterar las regiones sin ninguna consideración con las condiciones ambientales. Se detonó una transformación de la Orinoquia absolutamente desordenada, y se inició una adjudicación de tierras igualmente desordenada. No existen restricciones que se les impongan a los nuevos propietarios sobre la conservación de aquellas áreas de sus predios que guardan valores ecológicos  importantes y que  son estratégicos para el presente y futuro del país. Se está haciendo la “conquista” de la Orinoquia a lo salvaje, como si fuera un nuevo lejano oeste americano en materia ambiental y como si no existieran allí unas comunidades llaneras y unos pueblos indígenas que han ocupado el territorio por cientos de años.