Que la empresa CERREJON repare los daños ocasionados durante los 35 años de explotación.

Suena raro el titular pero para que sepamos los colombianos, es lo que estan solicitando las comunidades indígenas de nuestra bella Guajira ante la posible ampliación del proyecto minero y la desviación del río Ranchería.

Ante el fenómeno inminente de la locomora minera que se pretende jalone el desarrollo económico del país, salen sus defensores y opositores a querer imponer su punto de vista y con esta manifestación de los pobladores de la zona, de los que han convivido con la situacióm, que tiene el respaldo de 35 años de experiencia no podemos seguirnos haciendo los de la vista gorda y creer que "se minimizaran los impactos". No, cualquier actividad genera impactos y la mineria los genera por montones y sus consecuencias se ven en el corto, mediano y largo plazo en las dimensiones ambientales, sociales y económicas. 

Les recomiendo que lean el manifiesto del pasado 20 de noviembre que de por si es bastante claro y que nos debe hacer reflexionar que nuestro patrimonio no es un juego, que no es cuestion de un periodo de gobierno su manejo sino de toda la sociedad pensando siempre en nuestros recursos naturales como la base de nuestra propia existencia, como lo firman al final "POR LA VIDA, EL AGUA, EL TERRITORIO, Y EL BUEN VIVIR DE TODOS LOS GUAJIROS"

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Transcribo y copio el link tomado de la página Defensaterritorios.org

www.defensaterritorios.org

Pronunciamiento de pueblos y comunidades afectadas por los megaproyectos mineros en el departamento de La Guajira, Colombia.
Reunidos entre el 18 y 20 de noviembre de 2011 en el Resguardo Indígena Wayuu provincial, municipio Barrancas. Escrito por http://www.conflictosmineros.net/

Reunidos miembros y delegados por las comunidades: Resguardos indígenas Wayuu: TRUPIO GACHO, ZAHINO,PROVINCIAL, CERRODEO, CABEZA DE PERRO, Comunidad asentamiento LA GRANJITA, LA GRANJA, BARRANCON, NUEVO ESPINAL, LOS GUAJIREROS, MADRE BERNARDA,TAMAQUITO II, PALMARITO, CAMPO ALEGRE comunidades afro colombianas de ROCHE, CHANCLETA y TABACO y comunidades campesinas de SIERRA AZUL, LAS CASITAS, ZARAHITA, EL DESCANSO, EL PALMARITO, PATILLA, ASOROCHEROS, OREGANAL Y ORGANIZACIÓN FUERZA DE MUJERES WAYUU, y las organizaciones que agrupan cabildos, asentamientos, campesinos, mujeres y comunidades afectadas y desplazadas ACIWASUG, ALEWAJILAWA, ANUC, FUERZA DE MUJERES WAYUU y FECODEMIAGUA en el resguardo Provincial jurisdicción del municipio de Barrancas del Departamento de la Guajira, los días 18 al 20 de noviembre de 2011, abordamos la problemática que ha ocasionado la solicitud de expansión del proyecto minero del Cerrejón y los impactos que viene produciendo la actividad minera a cielo abierto de este mismo
proyecto por 35 años en la Guajira.

Fue especialmente notoria la activa participación durante las jornadas, de las autoridades tradicionales, de las mujeres, los jóvenes y las niñas.

Durante estos tres días, como pueblos y comunidades nos escuchamos y analizamos desde diferentes ámbitos y perspectivas los impactos sociales, ambientales, culturales y económicos que se vienen presentando por cuenta de la minería en nuestros territorios; igualmente recordamos lo que teníamos en ellos hasta antes de llegar ésta y examinamos los derechos y garantías que nos amparan y el grado de protección o vulneración por parte de las empresas y del Estado durante todos estos años.

ASÍ CONSTATAMOS QUE: Antes de que llegara la economía minera, había tranquilidad en nuestras comunidades, se vivía mejor, había animales para el ejercicio de la cacería, practicábamos la pesca y la agricultura, sin embargo con la llegada de la industria minera acompañada de la promesa de progreso y desarrollo, se iniciaron los despojos a las comunidades; en ningún momento se hicieron procesos de consultas ajustados a la constitución, los tratados internacionales ni nuestras leyes y normas de origen; es claro que las autoridades y empresarios violaron completamente todos los estándares de derecho de los pueblos indígenas Wayuu, afro descendientes y a la participación de las comunidades campesinas.

Este despojo lo han padecido comunidades como: El Espinal, Palmarito, Cabeza de Perro, Sojori, Tabaco, Chancleta, Roche, Patilla, Zarahita, Manantial, Caracolí, Oreganal, Las Casitas, Barrancón y el Descanso, sin que a la fecha hayan recuperado su territorio o lo tengan sin la titulación correspondiente y con graves afectaciones en su cultura y tejido social, lo cual limita el goce de sus derechos como personas y miembros de comunidades.
El Estado colombiano no ha protegido los derechos de las comunidades al territorio, a la
participación, a la cultura, a la salud, ni a la propiedad colectiva ni individual.

La extracción minera a gran escala en nuestros territorios y al lado de ellos, ha afectado las culturas del pueblo Wayuu, afrodescendientes y campesinos; sumada a esta situación, la Empresa el Cerrejón con auspicio del Estado Colombiano pretende desviar el cauce del rio Ranchería del cual dependen los Municipios de Barrancas, Hatonuevo, Albania y Riohacha y sus corregimientos, Resguardos Indígenas y consejos comunitarios así como todas las comunidades y pobladores que habitan en el cauce del río.

Se observa con preocupación cómo el proyecto minero del Cerrejón por 35 años continúa desalojando del territorio a las comunidades nativas, contaminando el agua, el aire y el suelo, a través del polvillo del carbón el cual genera infecciones respiratorias que han llevado a la muerte a un número considerable de pobladores y miembros de las comunidades, contaminación visual por la modificación del paisaje y auditiva por los ruidos que producen las maquinarias y la voladura de los explosivos.

En estos momentos las empresas interesadas están impulsando reuniones para la expansión del proyecto minero del cerrejón y la desviación del río Ranchería en busca de explotar el carbón, sin importar los graves impactos que este proyecto traerá para los guajiros y las guajiras, por el desabastecimiento de agua, contaminación de aire, el agua y el suelo; la pérdida de biodiversidad, la ruptura de la cultura y los tejidos sociales y del territorio en general. Hoy nos vemos frente al inminente riesgo de que la Guajira desaparezca en pocos años, si no le ponemos freno a la ambición desmedida de las empresas y la complicidad del Estado que nos quieren dejar SIN DONDE COLGAR EL CHINCHORRO.

Como si fuera poco el daño causado con la explotación minera de tantos años, hoy se pretende desviar el río Ranchería más de 26 kilómetros de su cauce natural, por ello se ha movilizado la población el 9 de agosto y 6 de septiembre de 2011, porque no queremos el desvío del río Ranchería ni que se siga expandiendo el proyecto minería, pues como lo hemos constatado en estos 35 años de explotación, si se concreta la expansión se deteriorarán aun más las condiciones de vida de la mayoría de los pobladores de la Guajira. Estos proyectos y su expansión se han hecho sin respeto a los derechos de participación de los ciudadanos y ciudadanas de la Guajira y de Colombia que contiene la Constitución Política de nuestro país.

Somos consientes de los derechos que hemos conquistado, los cuales deben ser respetados tanto por el Estado colombiano como por las empresas y los Estados de origen de éstas, en tal sentido nos oponemos a que de manera arbitraria se siga adelante con estos proyectos y se simule y engañe a las comunidades en reuniones que se pretenden hacer pasar como de consulta previa.

La consulta con consentimiento libre, previo e informado a que tenemos derecho, no se obtiene con la presión y los afanes de las empresas CERREJON, PACIFC RUBIALES y MPX que a través de sus funcionarios, contratando hermanos indígenas y de manera arbitraria han ingresado a comunidades indígenas y de afrodescendientes, dividiendo familias, desconociendo costumbres, tradiciones, autoridades comunitarias, formas de vida y la autonomía de los dueños del territorio; han realizado reuniones, levantado actas de concertación con algunas personas, desconociendo que el territorio es de todos los miembros de las comunidades, y es el 100% quien debe participar.

Por ello manifestamos, basados en el convenio 169 de la OIT, ratificado por la ley 21 de 1991, la Constitución Nacional y la jurisprudencia nacional e internacional, que las empresas no tienen por qué estar promoviendo consultas ni entrando en nuestros territorios sin nuestro consentimiento y permiso de nuestras asambleas comunitarias como mayor organismo de gobierno de nuestras comunidades.

Las empresas multinacionales han violando el derecho a la consulta que tienen los pueblos indígenas, con el apoyo y apadrinamiento del Ministerio del Interior y de Justicia, desconociendo éste su obligación y papel de garante para el que fue creado, ya que se ha parcializado a favor de los intereses de mega proyectos del Cerrejón para la fase de ampliación, la vía férrea para MPX, y la exploración de gas a favor de la empresa Pacific Rubiales; como también lo ha hecho durante todos estos años el Estado en relación con el megaproyecto carbonífero.

Decisiones:

1. Solicitamos al Estado colombiano:

a. Respetar y garantizar el derecho de los pueblos al goce efectivo de su territorio colectivo.

b. Invalidar las consultas realizadas con algunos delegados que desconocen la totalidad y forma de vida de las comunidades.



c. No otorgar licencias, previo a realizar consultas autónomas en las comunidades.

d. Respetar la decisión en cuanto a cómo realizar la consulta previa en las comunidades. Tomando en cuenta que los pueblos son autónomos, dueños de su territorio y por lo tanto que la consulta sea en base a sus costumbres, tradiciones y formas de vida.

e. Que el gobierno ordene el cese de las prácticas de acoso de MPX, en contra de las comunidades asentadas en las zonas de actividad minera, entre ellas CAÑAVELARES, CORRALEJA, CONEJO.

f. Tomar medidas urgentes para garantizar, promover y recuperar la alimentación de las comunidades a través de actividades productivas como la agricultura, la pesca, la caza y demás labores acordes con sus usos y costumbres; así como alternativas económicas viables para la Guajira que preserven el territorio, el agua, el medio ambiente, el trabajo y la vida digna de sus habitantes.

2. Exigimos a las Empresas CERREJON, MPX, PACIFIC RUBIALES y otras que pretendan instalarse:

a. Suspender sus actividades de extracción minera en nuestros territorios.

b. No realizar más reuniones en nuestras comunidades, haciéndolas pasar por consultas previas.

c. No utilizar el cuerpo de los pobladores para la publicidad de su empresa.

d. No engañar a la juventud de nuestras comunidades, haciéndose pasar como el mejor empleador de la época.

e. Informar sobre los efectos negativos que ocasionan sus empresas.

f. Que la empresa CERREJON repare los daños ocasionados durante los 35 años de explotación.

3. Manifestamos que no permitiremos la desviación del río Ranchería

4. Alertamos a quienes en verdad quieren a la Guajira, desean vivir y criar sus hijos en ella, que si permitimos que la minería siga expandiéndose, muy pronto nos vamos a quedar TODOS SIN AGUA Y SIN TERRITORIO.

5. Responsabilizamos al Estado colombiano, a la Empresa CERREJON y los países de origen de esta empresa, sobre los impactos y afectaciones al territorio y derechos humanos que sufra la población por defender y preservar el río Ranchería.

6. Informamos que no permitiremos que se realicen procesos de prospección de gas.

7. Advertimos que no aceptamos la construcción de una línea férrea ni megaproyectos que afecten nuestra vida y permanencia en el territorio que cohabitamos.

8. Exigimos el respeto a la decisión comunitaria en cuanto a la forma y el tiempo de realizar las consultas previas y autónomas en nuestro territorio.

9. Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, y comunidades afectadas por la minería a trabajar conjuntamente hacia la descertificación de las empresas megamineras en el mundo, por la contaminación y atentar contra la vida de la humanidad.

POR LA VIDA, EL AGUA, EL TERRITORIO, Y EL BUEN VIVIR DE TODOS LOS GUAJIROS

Firman: COMUNIDADES WAYUU, AFRODESCENDIENTES Y CAMPESINOS DE LA GUAJIRA.

Dado en Provincial – Barrancas – Guajira – Colombia, el 20 de noviembre de 2011.

Avanzada petrolera llega a la Isla de San Andrés

Uno no se explica como se otorgan licencias para explorar en áreas de alta importancia ambiental, por eso, a estos casos los podemos denominar una colombianada ambiental. Qué pensara acerca del tema nuestra futura Ministra de Ambiente, reconocida por su gran labor de proteccion y conservacion de ecosistemas marinos?

Este excelente artículo publicado en el periódico de la Universidad Nacional nos expone el tema de la exploracion petrolífera = la famosa locomotora minera en la Isla de San Andrés. 

Resalto este párrafo porque es la realidad que se pretende tapar siempre con un dedo: “cuando ejemplos fallidos demuestran que las regalías prometidas son más de la Nación, el Estado y las corporaciones multinacionales que de los habitantes de las zonas en donde se realizan las explotaciones, cuyo desenlace son problemáticas sociales, culturales, ambientales y de salud pública que seguramente el Estado y las empresas extranjeras no ayudarán a cubrir” Definitivamente....Colombianada ambiental!!!

Transcribo y copio el link 

Nota UN Periodico

"Avanzada petrolera llega a la Isla de San Andrés

Por: Giovanni Clavijo Figueroa, Unimedios

 

Tres compañías petroleras se alistan para explorar el ecosistema marino del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en busca de hidrocarburos. Una acción popular interpuesta por Coralina hizo suspender la firma de adjudicación del contrato mientras las autoridades ambientales se pronuncian sobre la viabilidad del proyecto. Las dudas respecto a los beneficios y perjuicios de la explotación están en debate.

 

En noviembre del 2010, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) le otorgó a la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) y a las compañías Repsol (de España) y YPF (de Argentina), licencia para explorar y explotar dos áreas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (occidente del mar Caribe), donde se cree puede haber gas: en el banco Quitasueño (cayo 1, con 944 mil hectáreas) y en Providencia (cayo 5, con alrededor de un millón de hectáreas).

Al conocer dichas pretensiones mineras, la Corporación Autónoma Regional de San Andrés y Providencia (Coralina), entidad encargada de velar por el cuidado de estos arrecifes, interpuso en febrero del 2011 una acción popular contra la ANH, amparada en: la protección de los derechos colectivos a un ambiente sano, el equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución.

A través de este medio procesal, que le puso freno a la firma de la adjudicación del contrato, Coralina también alegó el riesgo al que se expone la conservación de especies animales y vegetales, así como la protección de áreas de especial importancia ecológica.

“Aún no se entiende cómo la ANH otorgó a las compañías petroleras los derechos de los cayos sin tener en cuenta en dicha determinación comercial la opinión de la comunidad insular, indispuesta también por el impacto social y cultural que podría tener la explotación en la isla”, asegura la directora de Coralina, Elizabeth Taylor.

En ese sentido, Sally Taylor, politóloga y magíster en Estudios del Caribe, asegura que la construcción de un modelo sostenible con el uso de las bases naturales y humanas no puede sacrificarse bajo la promesa de un futuro económico promisorio, máxime –subraya– “cuando ejemplos fallidos demuestran que las regalías prometidas son más de la Nación, el Estado y las corporaciones multinacionales que de los habitantes de las zonas en donde se realizan las explotaciones, cuyo desenlace son problemáticas sociales, culturales, ambientales y de salud pública que seguramente el Estado y las empresas extranjeras no ayudarán a cubrir”.

Germán Humberto Hernández, jefe de la junta de estudios económicos del Banco de la República, en un informe del 2004, señala que el impacto esperado de las regalías no es tan favorable para las regiones en la medida en que la sensación de “bonanza” es un terreno fértil para la corrupción, la desviación de fondos y la captura de recursos financieros por parte de la clase política y los actores armados ilegales. Sally Taylor asegura que “gran parte de los conflictos sociales generados en algunos lugares de explotación van por cuenta de la disputa por el manejo de los dineros, es decir, esto recae en las empresas multinacionales, en las administraciones locales o en las comunidades”.

En concomitancia, la ANH anunció reuniones con representantes de las comunidades isleñas para explicar las actividades que se pretenden realizar y las medidas para salvaguardar el medioambiente en las zonas de exploración.
Sin embargo, el profesor de la UN Francisco Avella asegura que esta entidad no asistió al encuentro adelantado por la Asamblea Departamental del Archipiélago el pasado 11 de abril. Por lo tanto, no ha aclarado los detalles de la adjudicación (sísmica a utilizar, explosivos, etc.), y si va a haber perforaciones marinas, terrestres o sobre los cayos.

Impacto ambiental

La intensa exploración petrolera de los últimos años ha afectado importantes ecosistemas del planeta, asegura la bióloga marina Adriana Santos, para quien las plataformas de perforación del subsuelo marino ponen en grave peligro los arrecifes de coral, pastos, manglares y ecosistemas, únicos en el caso del archipiélago.

Sally Taylor advierte que los impactos ambientales no son reconocidos en su dimensión, pues se cree que la restricción a la explotación en zonas arrecifales –aprobada por ley– es suficiente para proteger el medio marino: “Basta con mirar el ejemplo del Mar del Norte (situado entre Noruega y Dinamarca), en el cual el uso de cañones comprimidos para las actividades sísmicas ha tenido grandes efectos en el comportamiento de los peces.

“Las consecuencias de esta explosión las observamos en los cayos y bancos de pesca tradicional de la Isla de San Andrés, en donde se han detectado migraciones de langosta y otros peces, relevantes en la base alimentaria del territorio insular”, afirma la politóloga.

Entretanto, la ANH ratificó que para otorgar los contratos de exploración y producción de hidrocarburos durante la Ronda Colombia 2010 (avanzada para exploración de bloques petroleros en el territorio nacional), tuvo en cuenta la experiencia de las compañías y su capacidad para garantizar con estándares de calidad la protección del medioambiente.

Aún así, para la directora de Coralina, “la decisión de adjudicar estas zonas fue precipitada, y no hubo una discusión con las autoridades locales, por lo menos para entender los alcances sobre el área marina protegida”.

Por su parte, Ecopetrol S.A., una de las empresas adjudicatarias, señaló que “acatará lo dispuesto por las autoridades ambientales y judiciales competentes, quienes deben definir el tema, toda vez que son ellas, y no las empresas, las que determinan si es viable o no la realización de un proyecto de exploración y eventual explotación de hidrocarburos en estas zonas”.

El peor escenario

Los impactos que se vislumbran son diversos, y parten de la etapa exploratoria, en la que se tienen que perforar varios pozos para determinar si son productivos o no. “En muchos casos, la probabilidad de hallar el hidrocarburo es baja, y aparece en una de diez excavaciones. De tal manera se interfieren los recursos naturales del fondo marino”, señala Elizabeth Taylor.

Potencialmente, advierte la directora de la entidad ambiental, se genera un peligro latente: “Ante un eventual derrame, las consecuencias serían nefastas, no solo por la destrucción de los arrecifes, sino por la contaminación de las playas blancas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los cayos de San Andrés y Providencia no tienen más de un metro sobre el nivel del mar y están soportados por las franjas arrecifales”.

La fuga de hidrocarburos puede acabar con cientos de años de biosfera, dice Ernesto Mancera, director de la Sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia: “Basta ver lo ocurrido en el Golfo de México en el 2010, cuando 4,4 billones de barriles de crudo fueron expulsados al mar durante 87 días, amenazando la existencia de aproximadamente 400 especies de flora y fauna. Este desastre superó el de Alaska en 1989, cuyo resultado fue la devastación total de la fauna de la región con 11 millones de galones derramados”, enfatiza el experto.

Brigitte Gavio, también investigadora de la sede, señala que “la contaminación por petróleo tiene diferentes niveles: causa sofocamiento de los pólipos, (animales coloniales que forman el arrecife coralino), reduce la posibilidad de vida de las larvas, la producción de gametos (células sexuales) y la fertilidad de las especies. Entretanto, el deterioro del arrecife puede ser a mediano o largo plazo”.

En el archipiélago podría afectarse la diversidad avícola, coral, de reptiles, tortugas, etc. En este lugar hay procesos de reproducción de toda la biodiversidad, es decir, no solamente asociados al crecimiento de peces sino de moluscos, langostas, caracoles, estrellas de mar, erizos y otros animales y organismos marinos.

Incluso, se perdería el recurso pesquero de la población de caracol, langosta, pargo, mero y cherna. Los dos primeros representan más del 90% de exportaciones para el país.

Atentado contra reserva mundial

Desde el año 2002, la Unesco declaró al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como reserva de biosfera Seaflower (la red mundial de reservas de biosfera más grande del planeta), debido, entre otros asuntos, al gran inventario que alberga: más de 407 especies de peces, 48 corales duros, 54 corales blandos, 3 hidrocorales, 2 zoantidos, 2 anémonas, 3 medusas, 130 esponjas, 37 moluscos, 37 crustáceos, 38 equinodermos, 4 reptiles, 5 cetáceos, 157 aves, 3 pastos marinos y 4 mangles. No obstante, los científicos coinciden en que falta estudiar posibles nuevas especies en este lugar.

Los corales en las islas son ecosistemas estratégicos debido a que asocian varias especies. El director Mancera explica que “un coral es la matriz de organismos que han formado colonias y han creado a la vez estructuras duras, que parecen rocas, pero vivas. A estas se adhieren algas, microorganismos y otra gran cantidad de especies que generan una red trófica (cadena alimentaria)”.

Esta diversidad de fauna, además, convierte los corales en ecosistemas vitales para las zonas costeras en el Caribe, pues son una barrera natural contra el embate de las olas.

“La hidrodinámica del mar es retenida, minimizada con estas estructuras calcáreas que son colonias de organismos, son rocas emergentes, y tienen una función fundamental para protección de las zonas costeras y al mismo tiempo para el almacenamiento de grandes cantidades de organismos”, dice Adriana Santos.

Y añade: “La barrera coralina es un lugar estratégico para la vida y fundamental para la isla, si no hay barrera arrecifal, habrá deterioro y erosión de la playa”.

Actividades económicas de los arrecifes

Colombia es uno de los países más importantes en diversidad biológica. Muestra de ello es la reserva coralina Seaflower en el Caribe colombiano, con 349.800 km2, que ha permitido actividades comerciales e industriales que apuntan hacia el progreso de la región.

En el 2009, la Universidad Nacional adelantó un estudio sobre el potencial del buceo en las islas para determinar el valor ecoturístico y recreativo de los corales.

Según el estudio, las actividades recreativas en la Isla de San Andrés, como el buceo, cuyo principal atractivo es apreciar los arrecifes de coral, generan cerca de 24 millones de dólares al año.

Pero eso no es todo, estos animales coloniales generan otro tipo de riqueza que beneficia a las industrias farmacéuticas, pues poseen sustancias bioactivas que permiten elaborar medicamentos, cremas y alimentos. Este potencial no se ha explorado en el país.

En el mundo, la biodiversidad marina se conoce en una proporción mínima frente a la terrestre: “Animales y plantas del archipiélago generan una industria importante en el campo médico. Los estudios han demostrado que con las esponjas se pueden hacer antibióticos, y los moluscos expelen sustancias que permiten pegar huesos”, describe el profesor Ernesto Mancera.

Sigue pelea ambiental

Uno de los temas que más preocupan con la proyección petrolera es la pesca. Adriana Santos ha realizado investigaciones importantes al respecto y por eso sabe que la pesquería depende de estas zonas costeras, de los ecosistemas de manglar, los pastos y los arrecifes. “Ahí es donde están los sitios más productivos y donde ocurren los procesos de reproducción”, puntualiza.

A pesar de que la ANH informó que aplazará la firma de contratos para exploración y explotación en las zonas que habían sido asignadas en el Caribe colombiano, adelantará el proceso de concertación con Coralina para determinar la mejor forma de explotar los recursos.

También realizará, como estaba contemplado en los contratos, las consultas previas y tramitará la obtención de los permisos requeridos para el inicio de cualquier trabajo en las áreas contratadas.

Sin embargo, para la directora de Coralina, si en tres meses no hay acuerdo en el pacto de cumplimiento se procederá con la siguiente etapa que es el periodo probatorio. Después, el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés valorará las pruebas y fallará.

“El caso está en manos de los jueces, y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en la defensa del archipiélago. Nos apoyaremos en nuestro sistema legal y judicial, en caso  de que la acción popular no prospere”, declara la funcionaria.

El debate sigue abierto. No obstante, para expertos en el tema ambiental como el investigador Orlando Rangel, del Instituto de Ciencias Naturales de la UN, “tiene que haber una política de Estado que asegure que todas las partes van a ser escuchadas, y los intereses económicos no vayan en detrimento del bienestar ambiental”.

Y aun nos creemos el cuento de la locomotora minera? o mas bien de una limosina para unos cuantos....

Definitivamente en la medida que los colombianos nos interesemos en conocer las realidades del pais, asi como de analizar diferentes puntos de vista, podemos ir descubriendo que la famosa "locomotora minera" arranco desde el gobierno pasado pero para beneficio de unos pocos. 

Esta entrevista realizada el exministro de ambiente, Manuel Rodriguez Becerra expone abiertamente los intereses particulares sobre el tema minero en Colombia, el como algunos ex funcionarios del anterior gobierno ahora ocupan cargos directivos en grandes compañias mineras con el unico fin de poder abrirle paso a esta locomotora a como de lugar. El artículo finaliza con una frase, que nos debe generar no solo preocupacion sino una gran responsabilidad, mas aun por la autoridad ambiental que la manifiesta : "Estamos ad portas de una tragedia ambiental."....o como el titulo de nuestro famoso Nobel, CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA.

Transcribo y copio el link del diario El Tiempo 

Noticia eltiempo.com 

"Estamos ad portas de una tragedia ambiental": ex ministro de Minas

Por: MARÍA ISABEL RUEDA ESPECIAL PARA EL TIEMPO | 9:07 p.m. | 10 de Julio del 2011

 Tomada de www.eltiempo.com

En Colombia la minería está desbocada, dijo Manuel Rodríguez en entrevista con María Isabel Rueda.

Por pura curiosidad: ¿escuchó la grabación de Al Yazira del joven ejecutivo colombiano que dice que, en materia minera, para convencer a las familias campesinas hay que comprarlas con 'money'?

Sí. Me pareció grotesco.

¿No es esa una radiografía muy cercana de lo que está pasando con la explotación minera en Colombia?

En Colombia, la minería está desbocada. Tanto la legal como la ilegal. No soy antiminero. La minería nos provee materiales fundamentales para el bienestar humano. Pero puede generar mucho problema ambiental si se hace mal. Y en el país vamos hacia esa dirección.

Están entregando todo tipo de licencias de minería, de manera anárquica y corrupta... 

Es lamentable lo que ha ocurrido en los últimos años. De 2.000 títulos mineros pasamos a 8.000, que representan el 8 por ciento del territorio nacional. Se han dado licencias hasta en los páramos y en los parques naturales. En Colombia hay 3.600 operaciones de minería ilegal, según reciente informe de la Defensoría del Pueblo. Y se dieron títulos, lo cual es muy grave, en sitios donde hay minería tradicional. Muchas de esas familias no tienen papeles, pero han vivido de la pequeña minería por cientos de años. 

¿O sea que no se debe estigmatizar toda la minería ilegal, porque incluye la artesanal? 

Un tema son los pequeñísimos mineros tradicionales y los pequeños mineros nuevos que, en un país donde hay tanta inequidad, están buscando ganarse la vida de cualquier forma. Otro es la minería ilegal de retroexcavadora, grandes dragas y grandes motobombas, que son empresas multimillonarias que están simplemente haciendo minería ilegal. Eso hay que desterrarlo. El gobierno Santos está tomando medidas para hacerlo. Pero van a tener que designar unos comandos especiales de la fuerza pública con capacidad de mover esa maquinaria, que hoy en día puede ser paralizada por satélite. La cierran y cuando las autoridades llegan a moverla, no hay forma de abrirla. 

Y dicen que parte de esa minería ilegal está vinculada con la delincuencia organizada...

Con las 'bacrim', los 'paras', las Farc... Hay un problema de seguridad democrática, ambiental y social. 

¿Es cierto algo tan increíble como que el código minero colombiano fue asesorado por grupos de interés canadienses?

Según denuncias de ONG canadienses, fue en parte elaborado por una consultora canadiense y con recursos económicos de asistencia técnica canadiense. Y, ¡oh, qué casualidad!, una gran parte de las mineras que hay en Colombia son canadienses. Eso es inaceptable, a mi juicio.

Esto sí parece ser un asunto de 'money'. Se dice que el zar de la minería brasileña, Batista, se llevó a un camionado de concejales y políticos de Dibulla, con todo pago, al carnaval de Río...

Tomando las palabras de la entrevista de Al Yazira, esto es un problema de chequera. Eso sucedió con la minera MPX, del millonario brasileño Eike Batista. No sé si irían al carnaval o no. Eran los concejales de Dibulla y el director de Corpoguajira. Costó, en promedio, cinco mil dólares por persona. De ese caso se ocupó el diario Folha de Sao Paulo, porque a los mismos brasileños les pareció escandaloso. Pues el concejo de Dibulla le ha dado algunas exenciones de impuestos a la empresa minera. Y parece que las chequeras de las mineras son lo suficientemente grandes no solo para llevarse de paseo a los concejales, sino también para contratar altos ex funcionarios públicos colombianos. 

¿Por qué lo dice? 

Hay altos ex funcionarios del gobierno Uribe que han sido enganchados como altos ejecutivos de compañías mineras para que se encarguen de tramitar las concesiones y las licencias ambientales. 

¿Como qué casos? Esa es una afirmación bien delicada...

MPX contrató a Leyla Rojas, viceministra de aguas hasta el 2010, como jefe jurídica. De su equipo hace parte Diana Zapata Pérez, ex directora de licencias ambientales del Ministerio, y Adriana Rodríguez, ex asesora del Ministro. El ex director de Ingeominas Julián Villarruel trabaja hoy para AngloGold Ashanti, la empresa con mayor extensión en títulos mineros (550.000 hectáreas y solicitudes por 2'000.000 adicionales). La ex canciller María Consuelo Araújo es presidenta de la Gran Colombia Gold Company, fusionada recientemente con Medoro. Gloria Lucía Álvarez, después de haber dejado el cargo de directora de la CAR de Cundinamarca (2007), ingresó a AngloGold Ashanti como flamante asesora jurídica. Hoy ataca a la directora de Cortolima por cuestionar públicamente el proyecto de La Colosa. También me parece escandaloso que el ex ministro de Minas Hernán Martínez sea miembro de la junta directiva de Medoro Resources. Durante su período como Ministro de Minas (2006-2010) se tramitó la reforma del código minero y se otorgó en forma caótica el mayor número de títulos mineros en la historia del país.

Complicado...

El ex ministro de Justicia Rafael Nieto es el presidente de la Greystar, después de que su antecesor no lograra obtener la licencia para explotar el páramo de Santurbán. Insistirán. Claudia Jiménez, directora ejecutiva del Sector de la Minería de Gran Escala, fue la coordinadora de las relaciones del gobierno Uribe con los gremios como ministra consejera del Gobierno hasta el 2010. Como tal, participó activamente en las discusiones con el sector privado sobre la reforma del código de minas.¿Entonces, ¿de qué estamos hablando?

Dígame usted...

¿Para qué los contratan? Pues los que he mencionado, unos para ser tramitadores de licencias ambientales con sus influencias por su reciente paso por el Estado; otros para que lleven la información que acaban de recopilar como funcionarios del Estado; otros para que con su poder de lobby se atraviesen ante cualquier modificación del código minero. Con ayuda de esos mismos influyentes funcionarios impedirán que el país aumente las regalías de la minería, de lo cual han hablado muchos expertos y hasta senadores.

Eso de las regalías mineras sí que es inequitativo con el país...

No se entiende por qué en Colombia se cobra apenas un 4 por ciento para el oro y un 12 para la sal. No hay una tarifa como en los otros países para que las regalías sean progresivas a medida que aumenta el precio internacional del oro.

Y exenciones de impuestos...

Le voy a dar un dato. De acuerdo con el economista Guillermo Rudas, que acaba de entregar un magnífico estudio de la minería en Colombia, en el 2007 las regalías pagadas fueron de 1,1 billones y las exenciones, de 0,59 billones. En el 2009, las regalías pagadas fueron de 1,93 billones y las exenciones, de 1,75 billones.

¡Es decir que prácticamente se les devolvieron las regalías! En esta locomotora minera van montados unos privilegiados...

Habría que explicarles a los colombianos por qué esas bajas regalías, por qué las exenciones. Tenemos que reformar el régimen minero. El caso del oro es grotesco. No entiendo lo de los derechos adquiridos, cuando en este momento las grandes operaciones de minería de oro no se han iniciado, no hay ninguna licencia ambiental que haya sido concedida y la mayoría están en su fase de exploración.

¿Será que las grandes multinacionales mineras nos están respirando en la nuca y no tenemos ya la posibilidad de ordenar esta avalancha?

Colombia no tiene la institucionalidad para eso. Me impresionó mucho que el ministro Martínez, en el gobierno pasado, escribiera una columna en respuesta a Salud Hernández diciendo que Ingeominas tenía la capacidad técnica para hacerle el seguimiento y la fiscalización a la minería. Fue una mentira que nos dijo a los colombianos. Tenemos instituciones profundamente débiles en el sector minero. El Ministerio de Minas es muy débil, Ingeominas es una cueva de Alí Babá. Las corporaciones autónomas no pasan por su mejor momento y al Ministerio de Ambiente apenas lo van a resucitar. ¿Cómo atender 8.500 títulos mineros, 19.000 que vienen en cola y 3.600 operaciones denominadas ilegales? 

¿Estamos en camino de convertir a Colombia en un gran cráter?

Estamos ad portas de una tragedia ambiental. Como dice ese gran ambientalista que es Julio Carrizosa, Colombia es un país más bello que rico. Si algún colombiano quiere saber cuáles son los escenarios que estamos creando en Colombia, vean los documentales de Mauricio Gómez sobre el centro del Cesar, que muestran tres cosas: el desastre ambiental, el desastre social y que se roban todas las regalías. Nos quedamos sin el pan y sin el queso. Colombia está frente a una enorme amenaza. ¿Ese es el país que algún colombiano quiere?"

Hay duda alguna de los grandes negocios que se concretaron con los recursos e infraestructura del país en los últimos años? Dia tras dia van saliendo a flote mas y mas colombianadas ambientales que realizan unos pocos a costa de nuestro patrimonio. Este articulo de Portafolio.com da en uno de tantos puntos álgidos en nuestro país, el negocio a diestra y siniestra de los recursos naturales.

Transcribo y copio el link a continuación, pero para destacar el siguiente párrafo: "Para bien del país, este Gobierno ya frenó la piñata de títulos mineros que se hizo en el segundo periodo de Uribe, donde en sólo 9 meses se otorgaron títulos por la misma área que se había asignado en todos los años anteriores, incluso a paramilitares y delincuentes y hasta en parques nacionales y zonas de páramo."

El negocio de los títulos mineros

El negocio de los títulos mineros

Por: Mauricio Cabrera Galvis

junio 27 de 2011 - 10:22 pm

A pesar de los altos precios internacionales de los minerales, el mejor negocio de la minería en Colombia no es explotar una mina, sino adquirir un título minero para luego venderlo.

El negocio es excelente para el propietario inicial del título, al que el Estado casi se lo regala (sólo hay que pagar $550.000), y para quienes lo compran en el mercado secundario, y luego lo venden multiplicando muchas veces el valor pagado.

Explotar una mina de oro, hierro, carbón o cualquier otro mineral es un buen negocio en el que las cuantiosas inversiones requeridas dejan grandes utilidades, sobre todo por el bajísimo monto de regalías que deben pagar al país. Pero la rentabilidad en la compraventa de títulos mineros es muchísimo más alta.

La semana pasada, la Drummond anunció que había vendido el 20% de su operación de carbón en Colombia por US$1.525 millones al grupo japonés Itochu. Esto quiere decir que el valor de las minas de carbón en el Cesar y la infraestructura asociada sería superior a los US$ 7.600 millones. Drummond es una empresa privada, por lo que no se conocen las cifras exactas sobre las inversiones que ha hecho, pero se estima que el monto neto, restando los dividendos que ya ha remitido a su casa matriz en Alabama, no supera la cuarta parte del precio de venta. La plusvalía obtenida se deriva del valor de las reservas de carbón que tiene en concesión en virtud de los títulos mineros que compró hace años por un precio más bajo.

Otro caso es el de la venta de la empresa canadiense Ventana Gold Corp., que tiene títulos mineros para explotar oro en 4.590 hectáreas en Santander, por US$1.500 millones. De este se conocen más detalles, porque Ventana era una empresa listada en la bolsa de Toronto, obligada a hacer pública toda la información. Ventana en el 2009 compró los primeros títulos por el 75% de la mina El Coloro por US$500.000 y 600.000 acciones de la empresa (en la época valían menos un dólar cada una), luego adquirió el otro 25% por US$6 millones. También se sabe que en el 2010 pagó US$48 millones por lo títulos de las minas La Bodega y La Baja, y que en la compra de otros títulos y las inversiones en exploración se ha gastado unos US$70 millones adicionales, para un total de inversiones de US$136 millones.

La cadena de la felicidad empieza en los afortunados propietarios de los títulos mineros originales, por los que no le pagaron casi nada al Estado colombiano y los vendieron por millones de dólares; es probable que el Estado tampoco hubiera recibido nada por esta multimillonaria ganancia ocasional. 

La Ventana tampoco hizo un mal negocio, pues aunque ya tuvo que pagar un precio alto por los títulos mineros, los vendió en casi 12 veces el valor invertido. Aquí no hay duda de que como la transacción se hizo en Canadá, Colombia no recibió un peso de esa enorme utilidad.

Para bien del país, este Gobierno ya frenó la piñata de títulos mineros que se hizo en el segundo periodo de Uribe, donde en sólo 9 meses se otorgaron títulos por la misma área que se había asignado en todos los años anteriores, incluso a paramilitares y delincuentes y hasta en parques nacionales y zonas de páramo. Pero no es suficiente haber detenido la gran corrupción heredada de Uribe.

El Gobierno tiene que acabar con el negocio y la especulación con los títulos mineros, reduciendo los plazos de su vigencia y estableciendo un alto gravamen a su venta a terceros.

Caos en titulación minera denunció ministro Rodado

Un tema que se sabia existia desde hace mucho tiempo y que por intereses particulares no se le presto la debida atencion. Aplaudo la buena intención del ministro y esperemos que no se quede en solo un titular de noticia. Transcribo y copio el link.

Noticia en Portafolio.com

El minminas reveló feria de licencias, ineficiencia, corrupción, laxitud técnica y normativa.

 

Tras varios meses de revisar los documentos disponibles y el catastro minero, que en palabras del ministro de Minas, Carlos Rodado, es una ‘catástrofe’, el Gobierno reveló un caótico panorama en materia de titulación minera, en el que hay claros vestigios de ineficiencia y corrupción.

De manera conjunta, el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) y el ministerio encontraron que la situación va más allá de los problemas de inseguridad y los accidentes registrados en meses pasados.

La evaluación dio cuenta de una institucionalidad débil y precaria en la fiscalización y control, al tiempo que evidenció laxitud técnica y normativa, así como una escasa exigencia en la aplicación de las disposiciones vigentes.

El balance reveló cinco tipos de irregularidades, que llevaron al ministro Rodado Noriega a señalar que “se acabó la piñata en la asignación de títulos”, pues el país ya lleva cuatro intentos de reestructuración de las autoridades mineras, sin éxito.

Por su parte, el director de Ingeominas, Óscar Paredes, dijo que ante la Procuraduría cursan 25 procesos disciplinarios en contra de funcionarios de la entidad por posibles irregularidades.

Títulos en parques naturales y páramos

Pese a que el Código de Minas dejó por fuera de la minería a estas zonas, hay 37 títulos cuyas áreas se superponen, total o parcialmente, sobre ellas. El más grave es un título de 2.000 hectáreas, todas dentro del parque nacional natural Yaigoje Apaporis (Vaupés). En Santurbán, el 82,21 por ciento del área del título está dentro del páramo. El Gobierno revisará cada caso para adoptar acciones administrativas, como la reducción del área asignada.

Especulación con áreas mínimas

Las normas han permitido la conformación silenciosa de zonas grises, de muy poca extensión, ubicadas entre diferentes títulos, que han sido asignadas a personas que luego las ‘negocian’ con los inversionistas de los grandes proyectos, quienes terminan pagando altas sumas de dinero. Hay 238 títulos inscritos, que no superan la hectárea. También hay uno de 19 metros de ancho por 16 kilómetros de largo y otro de apenas 33 centímetros cuadrados.

Anomalías en contratación

El rastreo reveló que 860, de los 8.900 títulos mineros vigentes a mayo, estaban vencidos. La ineficiencia quedó comprobada en una solicitud atendida luego de 43 años de haber sido radicada. Varias peticiones ‘se colaron’ en la fila, pues a pesar de que antes del 2010 había 12.333 radicaciones en espera, de las 6.832 que llegaron en el 2010, se aprobaron 206 en el primer semestre de ese año. Hay acaparamiento, como lo demuestran las 274 solicitudes de una sola persona, que además es titular de 11 contratos vigentes.

Tecnología Vulnerable

A pesar de que en el desarrollo de la plataforma tecnológica que soporta el catastro minero de Ingeominas se han invertido cerca de 6.000 millones de pesos, ésta nunca ha funcionado. El director de la entidad, Óscar Paredes, advierte que se sigue trabajando con tablas de Excel, lo que hace vulnerable el proceso. Con el apoyo del Banco Mundial, se trabaja en la implementación de un sistema eficiente y seguro.

Perjuicios a las comunidades mineras

Las áreas de reserva especial para las comunidades mineras de los municipios de La Uvita y Jericó (departamento de Boyacá) fueron entregadas en concesión a particulares, a pesar del conocimiento sobre el trámite que se adelanta en el Ministerio de Minas para delimitar estas áreas. En estas áreas se ha comprobado la intención de grupos irregulares de entrar a explotar los recursos mineros.

Colombia esta en una etapa en la que de tantas noticias de corrupción, tragedia e intereses particulares sobre los recursos naturales, no nos queda tiempo para investigar sobre lo que hay por debajo de las principales noticias.

Encontre este excelente artículo en Lasillavacia.com, acerca de los intereses mineros en un Parque Natural Nacional y la "aparente sustraccion" de 16.000 hectáreas del mismo, las cuales, curiosamente, poseen ya solicitudes de titulos mineros. Son estos los hechos que pasan desapercibidos, pero que definitivamente por su gran impacto no tardan en hacerse notar. Transcribo y copio el link.

Articulo La silla vacia

"El Parque Natural Tatamá: ¿en la mira de la minería?

El Parque Nacional Natural Tatamá es una reserva ecológica en los límites de Chocó y Risaralda que hace parte de la red nacional de parques naturales de Colombia. Tiene 51.900 hectáreas, de las cuales el 90% se encuentra en excelente estado de conservación. Es también una estrella hidrográfica que alimenta los ríos Cauca y San Juan, entre otros. El parque es un área de confluencia 9 municipios de los departamentos de Chocó, Risaralda y Valle. 

Según el  Plan de Manejo del parque, Tatamá tiene “amplia diversidad biológica y ecosistémica soportada en la diversidad de hábitat y accidentes topográficos, lo cual es más marcado en la vertiente occidental”. La vertiente occidental del parque es la zona selvática chocoana, un área que “posibilita la conexión de hábitat para la permanencia de flujos y de poblaciones viables de mamíferos, aves y flora procedentes de las tierras bajas de selvas húmedas del Chocó y las selvas andinas de la cordillera occidental”. 

Trazado del parque en 2007. Las prolongaciones occidentales de este mapa son eliminadas en el nuevo trazado (Tomado de: Plan de Manejo 2007-2011. Parque Nacional Natural Tatamá. Parques Nacionales Naturales de Colombia. Dirección Territorial Noroccidente. Antioquia. 2007).  

Sin embargo, a pesar de la relevancia de este parque, en la página oficial de Parques Nacionales Naturales de Colombia no aparece su mapa, como si sucede con otros parques. Al observar la cartografía básica publicada en el año 2010 -obtenida informalmente gracias a un técnico de la unidad-, se encuentra una notoria diferencia con el trazado que muchos ambientalistas habían conocido del Parque. La región occidental, que cubría en el departamento del Chocó aproximadamente 10 mil hectáreas de la zona occidental, en el límite entre Condoto y San José del Palmar, ya no hacen parte del mapa oficial.

Mapa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de la zona vecina del parque con el nuevo trazado, febrero de 2011. En la parte izquierda del mapa, entre los territorios colectivos de comunidades negras, los resguardos indígenas, y el nuevo plano del parque, queda un área de unas 10.000 hectáreas, que en este momento está siendo solicitada por grandes empresas mineras.

La última referencia al antiguo trazado del mapa se encuentra en el Plan de Manejo del Parque en el año 2007, elaborado por la Dirección Regional de Noroccidente de la Unidad de Parques con sede en Medellín, en el que se resalta el excelente estado de conservación del parque. Al año siguiente, en julio de 2008, Ingeominas recibió varias solicitudes mineras dentro del área del parque, en particular por parte de George Juilland que hace parte de un reconocido conglomerado de empresas mineras liderado por Gold Plata International Mining Corp -que a través de la filial Muriel Mining Corporation protagonizó un escándalo por realizar actividades mineras en el resguardo indígena Urada–Jijuamiandó en el Chocó sin el permiso de la comunidad. En julio de 2010 se realizaron nuevas solicitudes en el área por parte de otras empresas, entre las cuales se encuentran Extracon S.A. y Platino Colombia S.A.

Mapa de Títulos y Solicitudes en las vecindades del Parque Nacional Natural Tatamá. Catastro Minero Colombiano. Ingeominas, Febrero 2011. Las áreas cubiertas con diagonales son solicitudes de títulos mineros, las áreas en verde son títulos mineros entregados a treinta años,  las áreas con puntos naranja son parques nacionales naturales.

Solicitudes mineras realizadas sobre el área recortada al parque

Número de Título	Solicitante	Area (ha)	Fecha
JG2-09351	George Juilland	1998	02/07/2008
LGT-09141	Extracon S.A.	2144	29/07/2010
LGT-08361	Extracon S.A.	3247	29/07/2010
JG1-16241	George Juilland	125+298	01/07/2008
JG1-16241	George Juilland	125+248	01/07/2008
LGT-09461	Extracon S.A.	2432	29/07/2010
LJQ-10431	Dayro Borga Moreno	162	26/10/2010
LLH-09221	Platino Colombia S.A.S	7870	17/12/2010

Fuente: Catastro Minero Colombiano, Ingeominas. 2011.

De acuerdo con el rastreo de información hecho hasta ahora, no se ha hecho pública ninguna razón que explique la nueva forma del parque, ni por parte del ministerio encargado, ni por parte de la Unidad Administrativa de Parques Nacionales, ni de ningún organismo del gobierno.  

Sin embargo, a partir de la comparación de los mapas disponibles, parece claro que entre 2007 y julio de 2008 hubo un recorte de aproximadamente 10.000 hectáreas del área del parque, precedido por una oleada de solicitudes mineras por parte de poderosas empresas del sector. 

El caso de este parque deja una enorme inquietud sobre la institucionalidad que no ofrece totales garantías a los derechos constitucionales frente a los poderosos intereses del sector minero.

Nota de la editora: Una semana después de la publicación de esta historia, el área de comunicaciones de la dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia contactó a La Silla Vacía y envió este documento como respuesta a la historia del usuario Alejo Pulido. En su comunicación, Parques Nacionales Naturales explica que los límites geográficos del parque no han cambiado y que sería inconstitucional modificar su trazado. Dice que las diferencias en los mapas se deben a los cambios de la tecnología con la cual se ha hecho el levantamiento cartográfico.

- Leer aquí la comunicación enviada por la Dirección General de Parques Nacionales Naturales."

Nuevamente acerca del proyecto de Santurban

El tema no debe ser olvidado, mas aun cuando las intenciones persisten y tratan de confundir a la opinion. Encontré esta entrevista que quiero compartir y alli se toca el tema de los derechos adquiridos por la compañia, los argumentos que se exponen y los posibles escenarios en que veremos se desarrolla este tema.

Copio la entrevista y el link.

Entrevista ambientalista jorge william sanchez

"Uno de los voceros de los ambientalistas explica cuáles son las reservas que tienen con el proyecto.

Jorge William Sánchez es un abogado ambientalista que nació en uno de los pueblos del páramo: Mutiusca. En este proceso de licencia ambiental para la Greystar se ha convertido en tercero interviniente. En esta entrevista explica su visión del proyecto.

¿Por qué desde su punto de vista es inconveniente desarrollar el proyecto de minería en el páramo de Santurbán?

Desde el punto de vista ecológico al páramo de Santurbán, al que conozco en sus detalles,  es en realidad una verdadera fábrica de agua de los dos santanderes, es decir, del  'Gran Santander'.  Incluso, parte  de esas  aguas tributan al río Zulia que, a su turno,  deposita su caudal en la República de Venezuela. Si es una reserva hídrica de gran importancia ese solo aspecto hace pensar que quienes nos beneficiamos de esas aguas deberíamos procurar su defensa.

¿Cuál sería la afectación concreta que tendría el páramo de Santurbán, con sus cuencas y micro cuencas, si se llega a aprobar la explotación del oro en el lugar?

La afectación puede ser de distinto grado. Primero, el material que se piensa extraer de esos cráteres inmensos que piensa hacer la Greystar en la zona de páramo, que podrían llegar a tener un kilómetro de diámetro y que van a hacer producto de masivas explosiones de dinamita,  ese material se tritura y se lleva a unas pilas de lixiviación, donde son tratadas con agua que obviamente se capta de la región y agua a la que se vierte cantidades ingentes de cianuro. La Greystar dice que sus protocolos van a impedir que el agua se contamine, pero ese argumento en Santander y en mundo no cala, porque siempre existe el riesgo de un accidente o de un terremoto que colapse esa pila de lixiviación con todo el material contaminado terminará por afectar todo el material acuífero y llegará al área de Bucaramanga.

Además, los páramos, de los cuales Colombia es detentadora en gran parte, por su especial configuración de la flora, los musgos, líquenes y frailejones que actúan como colchones de agua, ellos retienen el agua y evitan que las cauces o los nacimientos de agua lleven más agua de la que deben llevar. Es una especie de regulador del agua. En invierno la retienen y en verano, de alguna manera, suministran el agua para mantener los niveles adecuados.

¿Tiene usted algún ejemplo en el mundo de esta clase de explotación minera que haya fracasado en el mundo?

Lo que sí tengo claro es que la tendencia mundial  es a eliminar  por completo el tratamiento o el manejo del oro o de los minerales preciosos con este tipo de productos químicos o de metales pesados. Por lo menos, acá en Santander se desterró  buena parte de la utilización del mercurio  que es mucho más letal que el cianuro, que se sigue usando. La Comunidad Europea, universidades importantes en los Estados Unidos propenden o buscan la eliminación del cianuro, por los riesgos que esto entraña.

Acá en Santander podemos mostrar un antecedente de que no son tan promisorias las propuestas de esta multinacional en la que tiene que ver con el manejo del impacto ambiental: hace pocos meses la Greystar cometió graves infracciones en el manejo  del ambiente a tal punto de que fue sancionada con multa de 60 salarios mínimos por la Corporación de Defensa de la Mesa de Bucaramanga.

¿Qué tipo de infracciones cometió?

Básicamente en el manejo de taludes y otros aspectos técnicos descritos en la resolución. Fue mal manejo del protocolo ambiental que le impone o que le impuso a la Greystar la Corporación de Defensa de la Mesa de Bucaramanga y eso está en firme. La pregunta que yo me hago es: si solo en la etapa de exploración están violando las normas ambientales, qué será en la etapa de explotación cuando los riegos aumentan.

¿Pero ellos dicen que su proyecto no va a tocar las cuencas y micro cuencas del páramo porque la mina estará al este de estos cuerpos de agua?

Ese argumento no es cierto porque ellos dicen  que la parte del páramo que van a tocar es minúscula comparada con el área total. Lo que pasa es que el páramo es un solo ecosistema y es integrado: la mayoría de sus lagunas están todas intercomunicadas, lo que quiere decir que todas sus fuentes hídricas están relacionadas. Un solo frailejón que se toque está afectando a ese ecosistema que es uno solo. El proyecto es pavoroso, porque  implica desde el inicio la remoción de la capa vegetal y ya hablé como esta capa es uno de los factores de equilibrio de este sistema hídrico.

Para terminar con el tema del agua, ellos dicen que van a entregar el agua tomada con un porcentaje muy bajo, inferior al que permiten las normas internacionales ¿por qué no aceptar este punto?

Desde el punto de vista teórico ese argumento podría ser válido  en la medida en que se cumplan todos los protocolos, posiblemente ellos logren controlar el cianuro. Ellos hablan de un reciclaje en esas pilas de lixiviación, pero de todas maneras queda un remanente que se va a depositar en las aguas que terminan surtiendo el acueducto de Bucaramanga.

La Greystar dice que no tocan ni el río a Tona ni a Suratá...

Lo que pasa es que el río Suratá está previsto como una fuente alterna del acueducto de Bucaramanga, pero es que ese no es el riesgo. Estamos hablando es de desastres ecológicos en las famosos pilas de lixiviación, donde pueda llegar a producirse un desprendimiento de una montaña, como acaba de ocurrir el 4 de marzo. Pregúntese usted: qué ocurriría si por causa del invierno hay un desprendimiento en las faldas de una montaña donde van a estar ubicadas estas pilas o que tal un terremoto. El riesgo que colapse y que ese material se ponga en contacto con la capa vegetal y los acuíferos. En materia de seguridad no todo está dicho.

...Pero también lo podrían decir que  los temores que hay  a un temblor  en el país no se puede frenar la inversión extranjera...

Ese es el argumento de la locomotora de la minería, de la confianza inversionista, que son argumentos que exhibe la Greystar, como el argumento de los derechos adquiridos que también podemos analizar en detalle desde el punto de vista jurídico, pero lo cierto del caso es que desde hace mucho tiempo la Corte Constitucional y la Constitución Política de Colombia habla de la necesidad de procurarle a los habitantes del país de un ambiente sano y de proteger esos ambientes sanos. Este es un derecho fundamental. Además, habla y desarrolla la teoría de la precaución, es decir, cuando hay choques normas mineras con las ambientales deberán primar estas últimas.

En aras de la discusión, ¿esta es una zona de alto riesgo sísmico?

Santander está reconocido a nivel mundial como uno de los sitios donde más tiembla en el mundo. Nosotros tenemos el municipio de los Santos que es un sector donde se presentan sismos todos los días, porque por ahí pasa una falla que ahora no recuerdo cuál es...

En cuanto a la capa vegetal, la Greystar dice que la van a retirar, pero al mismo tiempo que la van a preservar, ¿qué opina de estos argumentos?

Es un argumento ridículo por no catalogarlo de otra manera. La sola remoción de la capa vegetal está causando ya un daño. Un frailejón puede demorar en crecer 100 años y eso está comprobado. El solo quitar la capa vegetal en sí ya es un daño, porque toda esa flora es una captadora de agua.  Además, van a remover a punta de dinamita inmensas montañas de roca sólida. Esas explosiones van a producir sismos y microsismos que se pueden llegar a sentir hasta en Venezuela y es posible que dañe el lecho de algunas de las lagunas y el agua desaparezca.

Los estudios que han presentado indican que se removerán 80 mil toneladas de roca por día, de las cuales 40 mil son material estéril o escombro.  Esto indica que las otras 40 mil son ricas en materiales preciosos y que serán procesadas para extraerlos. El contenido o tenor de oro es de 1,35 gramos por tonelada  roca y el de plata es de 7,0 gramos por tonelada roca. Se estima una producción total de 140 toneladas de oro y  400 toneladas de plata.

La sola remoción de esas 80 mil toneladas de roca por día eso tiene que generar necesariamente un daño en el medio ambiente. Ellos tienen que remover montañas enteras para hacer algo que ellos llaman patios, donde tendrán maquinaria y material estéril. Eso necesariamente causa daño.

Greystar ofrece una modificación del proyecto para que les permitan esa explotación, ¿es posible concertar o definitivamente se le debe cerrar la puerta a Greystar?

El proyecto de minería de cielo abierto en una zona de páramo es inconcebible así se le hagan algunos ajustes. Para mí, sigue siendo desastroso, pero lo más importante es que la ley prohíbe la exploración y explotación en zona de páramos.

¿En cuál norma?

En el artículo 34 del actual Código de Minas en la última reforma, la Ley 1382 del 2010. Este artículo excluye de manera expresa la posibilidad de hacer explotación en la zona de páramo y un acto administrativo del Ministerio de Medio Ambiente, del año 2002, la Resolución 0769 define que los páramos son unos ecosistemas de una singular riqueza cultural y biótica y con alto grado de especies de flora y fauna fundamental.  Define, además, que la zona de páramos es a partir de los 3 mil metros a nivel del mar.  Al Gobierno de Juan Manuel Santos no le queda alternativa diferente que aplicar la ley. Tendrán que negar la licencia así propongan reformas al proyecto de Angostura.

Pero el artículo 34 original del Código Minero establece que sólo se podrán excluir proyectos mineros de las zonas de reserva forestal y en los parques naturales y Santurbán no ha sido declarado ni lo uno, ni lo otro...

Ese es un argumento de la Greystar y ahí viene a relucir el tema de los derechos adquiridos. La Greystar compró varios títulos mineros y después los reunió todos y logró que le dieran una concesión en la época del gobierno de Álvaro Uribe.  La Greystar argumenta que eso le genera unos derechos adquiridos y que estos no pueden ser desconocidos. Si bien la reforma al Código Minero es reciente, tiene predominio la interpretación jurídica de la nueva redacción del artículo.

¿Qué ocurriría si el Gobierno decide acoger esta tesis? ¿Qué acciones legales emprendería usted?

Este tema nos va a ocupar durante siete años más, no se va a resolver en 15 días. Si conceden la licencia ambiental yo, como tercero interviniente, lo primero que hago es interponer los recursos administrativos que la ley me permite, específicamente del contencioso administrativo: reposición y apelación y finalmente la nulidad.

¿Acudiría a instancias penales y disciplinarias?

Si estos se resuelven desfavorablemente vienen acciones judiciales  de carácter penal porque desconocer el artículo 34 del Código Minero, que define la zona de páramo, es en mi sentir un prevaricato. Es ir contra la ley. También se puede acudir a una acción popular.

¿Por qué defiende el páramo con tanto ahínco? ¿Qué provecho le saca a esto?

No saco ningún provecho de carácter patrimonial. Mi vinculación con el páramo es afectiva. Es un templo del silencio al que hay que respetar porque es sagrado.